proceso de cambio social

BOLIVIA : La lucha por el cambio

Wed, 09 Sep 2009 11:06:31 -0700

por Antonio Peredo Leigue Finalmente, a regañadientes, los opositores, formaron un frente. Se presentarán a las elecciones del 6 de diciembre en una sola bolsa. Su pretensión es lograr el mayor número de parlamentarios para continuar, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la guerra sucia que comenzaron hace ya cuatro años. Sin un programa de principios, sin un plan de gobierno, con el absurdo intento de volver al pasado, quieren debilitar al gobierno de Evo Morales y destruir la revolución que se inició en Bolivia el 22 de enero de 2006. ¿Por qué? No es que sean anticomunistas, anticastristas o antichavistas; no es que sean todo eso junto, agregando su obsecuencia a Washington. Al fin y al cabo, tal explicación, daría un cierto sentido doctrinario a la posición que asumen. Es mucho más simple: actúan en función de mezquinos intereses personal y, específicamente, monetarios. Lo dijeron ellos mismos, cuando se acusaban mutuamente de rehusarse a formar el frente que ahora, en forma apresurada, han armado de modo grotesco. Cuando este gobierno, que es gobierno del pueblo, inició sus funciones, heredó un país que estaba en la ruina. Las cifras lo dicen: el presupuesto aprobado para 2006 calculaba, de principio, un déficit de 4%; las reservas en moneda extranjera apenas alcanzaban a 1.600 millones de dólares; las exportaciones apenas pasaban 2.000 millones de dólares, en tanto que las importaciones superaban esa cifra; la deuda externa llegaba a los 5.000 millones y, cada vez que subía el precio del petróleo, la economía nacional se estremecía. Hay otras cifras, pero esas son suficientes. Evo Morales y su entorno calculaban que necesitarían 3 años para equilibrar la economía nacional. Sabíamos, como lo sabía todo el pueblo, que la riqueza del país iba a parar a las cuentas de las transnacionales; los grupos de poder nativos recibían comisiones. Se enriquecían sin importarles que Bolivia se desmorone. Se necesitaban 3 años para salir del desastre y entonces, recién entonces, comenzar a construir. Al finalizar aquel primer año, la situación había cambiado de forma tan espectacular, que todos los índices superaban las mayores expectativas. ¿Qué ocurrió ese año? El mensaje inicial fue de austeridad e, inmediatamente después, la recuperación de la riqueza generada por los hidrocarburos. Si no recuerdan, entre mayo y octubre de 2006, las petroleras entregaron al Estado el 82% de sus ingresos y, ¿saben qué?, con el 18% que les quedaba, tenían ganancias. Era evidente que, el ataque de los defensores del status quo, se desbordaría por ese frente. Atacaron a YPFB, la empresa estatal del petróleo que habían descalabrado con el esquema neoliberal, al mismo tiempo que usaban los recursos que recibían prefecturas y alcaldías opositoras, en organizar campañas sucias, alimentar grupos de delincuentes, propiciar actos vandálicos y, por supuesto, seguir enriqueciéndose. Los años 2007 y 2008 persistieron en su campaña sucia. De diversas formas, tras ellos, estaba la embajada de Estados Unidos de Norteamérica. Retirado el embajador y expulsada la DEA, abiertamente Washington con Bush a la cabeza. Pero debieron convencerse que, este gobierno, era y es más fuerte de lo que esperaban. 2009 es el año de las definiciones. Derrotados en el referendo revocatorio, quedaron obligados a reconocer la nueva Constitución ampliamente apoyada por el pueblo y, en consecuencia, sancionar la ley electoral transitoria. Así, en diciembre, Evo Morales y Álvaro García serán reelegidos y se instalará la Asamblea Legislativa Plurinacional, para renovar la legislación nacional. Ahora bien. ¿A qué se oponen los grupos de poder que gobernaron hasta 2005? A esta formulación que da carácter a la nueva Bolivia. El primer artículo de la constitución que rige desde el 7 de febrero pasado, dice: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”. Esta es la formulación globalizadora que espanta a quienes se creyeron dueños eternos de nuestro país. Nos reconocemos, en nuestra Constitución, como Estado Unitario, no por la geografía, tampoco por ser una nación o tener una sola lengua, sino porque formamos una sociedad. Eso sostenemos al afirmar que somos un Estado Unitario Social, a lo que añadimos “de Derecho”; con esto significamos que esta unidad social se rige por principios establecidos en leyes y normas. Pero, por supuesto, al ser diversos, explicamos que somos un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional, pues las leyes y las normas, son reconocidas en su diversidad, respetando el derecho y las formas de vida de todas las nacionalidades y pueblos que conforman esta sociedad. Pero la definición no estaría completa si no señalamos el carácter Comunitario del Estado que organizaremos de aquí en adelante. Recién entonces, ese artículo primigenio de la Constitución hace una pausa, para establecer los atributos que el pueblo le asigna a su Estado. Tal es la definición doctrinaria con la que, el pueblo de Bolivia, afirma su voluntad de terminar el poder de unos pocos para beneficio de las transnacionales y enriquecimiento de sus sátrapas. Ellos son los que han formado un frente electoral, con muy malas características. Un candidato que siempre ha sido perdedor acompañado por un político de viejo cuño que aguarda un juicio por la matanza del 11 de septiembre de 2008. Pero no es ese el problema mayor que tienen. Carecen de programa. Les costará mucho ensamblar los diferentes listados de promesas que han presentado al Órgano Electoral a título de programas de gobierno. Deben hacerlo en las próximas 48 horas. Asumiremos que pueden hacerlo y que, además, tengan a punto sus listas de candidatos. ¡Menuda tarea la que tienen entre este sábado y las últimas horas del lunes 7 de septiembre! No es ese, sin embargo, el mayor esfuerzo que deberán hacer. Durante tres meses, con todo su pasado en contra, querrán convencer a las mujeres y los hombres de Bolivia, que ellos pueden hacer lo que no hicieron: que Bolivia sea una patria para todos, un país integrado al continente y un Estado respetado por todos los países. --------------------------------------- Fuente : http://www.argenpress.info/2009/09/bolivia-la-lucha-por-el-cambio.html

EL TERRORISMO GLOBAL Por Rafael Bautista S.

Wed, 06 May 2009 17:47:47 -0700

La actualidad del terrorismo evidencia las consecuencias de un mundo sin alternativas. El triunfalismo neoliberal propició, de este modo, su más temible utopía: el fin de todas las utopías. En eso consistía la última conquista moderna. Por eso, el fin de la guerra fría dio lugar al frío de la guerra infinita. El triunfalismo de haber vencido al “big red dog”, ponía al “mundo libre” sin rival alguno; ya no tenía que demostrar nada, había conquistado todo, el mundo ya no tenía más alternativas. Pero si no hay alternativas, entonces, ¿qué queda? El que acaba con todas las alternativas, se priva a sí mismo de toda alternativa. Lo que le queda es el suicidio. Así amanece el siglo XXI, con el (auto) atentado suicida a los santuarios del mercado: los colosos gemelos. Se trataba de un deicidio, lo que desata un odio infinito: el bien contra el mal (¿dónde que la modernidad no era religiosa?). La insensatez de la respuesta desata la condición original del conquistador (el inicio de su marcha lúcida hacia la destrucción total): el genocidio global. Pero ahora el conquistador, triunfante, y con la bendición mediática, ya no necesita ocultar sus intenciones. Se hace cínico. Produce terror para acabar con el terror imponiendo más terror. Las crisis que genera ya no le quitan el sueño, pues generando más crisis cree estar lejos de ella y, si pese a todo, la crisis le llega, entonces la exporta. Un mundo sin alternativas es preso del terror. Las guerras de cuarta generación expresan esta apuesta. La reconquista moderna busca acabar con aquello que su tecnología ha desplazado y hecho prescindible: los sobrantes, los pobres del mundo. Ya Toffler sentenciaba, de esta manera, a los “casualties” del mercado: “se los va a cortar brutalmente”. Por eso las pandemias ya no han de ser casuales, son parte de una estrategia. Si USA ya podía fabricar armas biológicas, en Los Alamos, usando muestras de gripe aviar de la propia OMS; no resulta raro que laboratorios militares gringos ya hayan perfeccionado estas armas con virus porcino, aviar y otros que no tienen respuesta inmunológica. Diversas investigaciones actuales señalan que estos laboratorios han alterado enfermedades virulentas, de tal modo, que ya no hay defensa contra ellas y que éstas, además, han sido esparcidas en diversos lugares del planeta. Algo que llama la atención: en 1971, la CIA había proveído a gusanos cubanos de virus que causan fiebre porcina; seis meses después, en Cuba, se tuvo que sacrificar medio millón de puercos y, ojo, la población fue posteriormente afectada por el dengue (la reciente epidemia de dengue que sufrió Bolivia, podría estar ligada a algo que ya se venía denunciando: la fumigación sospechosa de extensas áreas del Chapare, por parte de la DEA, antes de su retiro forzoso). Esto es parte de una planificación del desastre o una producción por la destrucción, como aquella que sufren los animales que luego, son consumo humano (el hacinamiento, la alimentación artificial de suplementos hormonales y químicos –que coadyuvan a la evolución de enfermedades patógenas–, responden a un principio de rentabilidad, inherente a la lógica del capital); pues estos son objeto, dentro de la producción pecuaria, de un descuartizamiento físico y psicológico: todo esto es posteriormente depositado en nuestra corporalidad porque es nuestro alimento principal. Un modo de producción es también responsable de estas hecatombes. Lo cual se halla además relacionado con toda una estrategia global de expansión de mercados. La gripe porcina aparece justo cuando las grandes corporaciones farmacéuticas registran serias bajas en sus cotizaciones; es el caso de la suiza Roche, que controla el 90% de tamiflu (producto altamente demandado para contrarrestar la gripe porcina). Para poner el cherry sobre la torta: Gilead Science Inc., tiene los derechos sobre el fármaco tamiflu y, cosa curiosa, Donald Rumsfield, ex secretario de defensa de la administración Bush, dirige tal consorcio. Provocar una pandemia se trataba de un negocio altamente rentable. Esto es lo que, en definitiva, constituía el foco de la estrategia corporativa mundial: crear terror. Porque hace más de dos años que la industria farmacéutica mundial venía registrando preocupantes caídas en sus ventas. Además que los organismos financieros mundiales necesitaban un respiro inmediato o, dicho de mejor modo, un desvío mediático: pasar la crisis financiera a segundo plano. Las casualidades no operan por casualidad: después de la reunión de abril del G7, con aquel anuncio de fomentar la economía de los países “dispuestos a colaborar”, México anuncia (después de la reunión Obama-Calderón) la aparición del virus. El terror es un modo de hacer la guerra. La guerra es el principio fundamental de toda preservación del poder. Pierden siempre los pueblos, pero gana el capital financiero mundial, porque gracias a la pandemia, la industria farmacéutica vuelve a poner en movimiento a la economía mundial. El país sacrificado es México, pero de ese sacrificio salen beneficiados algunos; por eso el anuncio de ayuda a los países “dispuestos a colaborar”. La especulación ha dado lugar al terror diseminado en el planeta entero. Puede que haya sido un ensayo global, pero lo que ese ensayo ha demostrado es esto: el mundo es rehén del capital. Si no hay alternativas la única salida parece acabar con todo. Esta es la apuesta del debacle imperial: si cae está dispuesto a que todo el mundo caiga; por eso apuesta por el terror y regresa a su condición original: su última cruzada civilizatoria es la reconquista (si el mundo no se le somete, está dispuesto a acabar con el mundo entero). Por eso se reconoce en el terrorismo que ha creado y diseminado; en eso consiste su ceguera: en nunca responsabilizarse de aquello que ha desatado. Como la oposición en Bolivia; que prefiere el descuartizamiento nacional a reconocer lo indigno de sus privilegios. Esta ceguera ya no es motivo de culpa sino de soberbia. Cuando el soberbio se hace cínico ya no necesita mentir: su amenaza no esconde nada. Doble tarea para los medios: bendecir el terrorismo y luego ejercerlo. También son suicidas, porque el terror mediático que difunden, amputa ya la poca credibilidad que todavía poseen. Después de las últimas revelaciones que involucran a quienes ya habían desatado el golpe cívico-prefectural (el prefecto Costas, el cívico croata Marikonvic, el ganadero –y ex ministro del general Banzer– Nayar, el empresario agropecuario Roca, etc.), no cesan ni concluyen los altisonantes pronunciamientos de las figuras mediáticas en defensa del “supuesto” terrorismo (ahora reclaman que las imputaciones sean puras declaraciones cuando, en la “Masacre del Porvenir”, puras declaraciones les sirvieron para inventar un “enfrentamiento”, que nunca fue “supuesto”). Seguirán vociferando, como el torturador que amedrenta a su víctima. Pero la lección última nos sirve para cuidarnos de esa otra pandemia que amenaza la salud moral del mundo: la mediocracia. La Paz, mayo de 2009 Rafael Bautista S. Autor de “OCTUBRE: EL LADO OSCURO DE LA LUNA” y “LA MEMORIA OBSTINADA” rafaelcorso@yahoo.com

TERRORISMO DE ALTA ESCUELA

Fri, 24 Apr 2009 08:40:16 -0700

Betty Tejada Soruco* Terrorismo “…El Terrorismo constituye una amenaza para la seguridad e integridad de los Estados, provocando así la desestabilización de los gobiernos, socavando la sociedad civil y redundando en detrimento del desarrollo socioeconómico de los Estados… esta manifestación origina el desconocimiento y el desprecio por los Derechos Humanos, que causan actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad…la práctica del Terrorismo produce un pánico generalizado en las poblaciones que lo sufren y lo padecen…” (www.monogafias.com). Respecto a la tendencia política ideológica del grupo de supuestos terroristas desarticulado hace pocas horas en Bolivia, podría suponerse que existe una clara afinidad de los mismos con sectores de la extrema derecha del Departamento de Santa Cruz, al menos así lo sugieren los símbolos y páginas vinculadas al blog del que aparentemente era el cabecilla, un multifacético cruceño, Eduardo Rosza Flores (49) de extrema derecha (así lo dijo un pariente suyo en un canal de TV) que se solidariza sin embargo con movimientos que piden el fin de la guerra en Irak y con la causa del pueblo palestino. De la personalidad de Rozsa comentaba esta mañana un bloguero en España: “ Antes comunista de élite, ahora musulmán, luchando por la independencia de una nación católica y ex-Opus Dei? Creía haberlo visto todo, pero esto...” Fuente: www. eduardorozsaflores.blogspot.com/17 abril, 2009-Hs. 11:18 am. La balacera producida en un céntrico hotel del Departamento de Santa Cruz entre las fuerzas del orden y un grupo terrorista y, el descubrimiento de un arsenal de armas en predios de la FEXPO (ventana internacional comercial administrada por los directorios de instituciones privadas como CAINCO, CAO y otras); parece ser la punta del ovillo de una serie de atentados (20) ocurridos en Santa Cruz desde el año 2003. En tan sólo tres años suman 20 atentados contra domicilios de personalidades en Santa Cruz sin que hasta la fecha se hayan lamentado pérdidas humanas. Tampoco es la primera vez que se encuentran armas. Todo ocurrió la noche del miércoles 15 y la madrugada del jueves 16 de abril, un día después del atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas, máxima autoridad boliviana de la Iglesia Católica. En altas horas de la noche se produjo el operativo desarrollado por las fuerzas del orden en un céntrico hotel de Santa Cruz y a las 6:30 de la mañana del jueves se allanaron las instalaciones de la Feria Exposición. Cabe suponer que luego de la detención de los dos supuestos terroristas que salvaron la vida, estos ya declararon algunos hechos como el de atribuirse el atentado a la casa del Cardenal para “distraer la atención”. Sin embargo el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró apresuradamente que el operativo anti-terrorista era un “burdo montaje”. ¿Es un burdo montaje? Las autoridades cruceñas insisten en minimizar los hechos y desde el Comité Cívico Cruceño, se manifiesta que esto solo persigue dañar la institucionalidad cruceña. Quienes eran y quienes son. El ciudadano boliviano Eduardo Rosza Flores, uno de los tres presuntos terroristas de extrema derecha que perdieron la vida en la madrugada de hoy jueves en un enfrentamiento con la Policía, luchó por la independencia de Croacia desde 1991, fue miembro del Opus Dei y según declaraciones de autoridades oficialistas, también un activo militante del movimiento autonomista de Santa Cruz. Completó su formación en la academia F. E. Dzerzhinski en la Unión Soviética. “El mismo Eduardo Rosza cuenta los detalles de su vida en su blog en internet. Nació en 1960 en Santa Cruz de la Sierra; llegó a Hungría escapando de la dictadura chilena; ingresó a una escuela militar y completó su formación en la academia F. E. Dzerzhinski en la Unión Soviética. En la URSS se decepcionó del "socialismo real". Dice que la inmoralidad, la mentira y los crímenes cometidos por el experimento bolchevique-comunista "en nombre del socialismo real son imperdonables". Los caciques del Partido Comunista de Bolivia "se convirtieron en algo así como bichos feos y asquerosos para mi" porque abandonaron al Che”. (www.bolpress.com) El blogspot de Rosza www.mipatrianatal.blogspot.com refleja la multifacética personalidad de este ciudadano cruceño que a decir de sus familiares, desde que optó por la extrema derecha no sabían de él en relación a sus actividades políticas. En la madrugada del jueves 16 de abril, el rumano Mayarosi Ariad (Magyarosi Árpád), el irlandés Duayer Michel Martin y Rozsa Flores fallecieron en un enfrentamiento con fuerzas especiales de la Policía en el cuarto piso del céntrico hotel Las Américas de Santa Cruz. El grupo irregular enfrentó a las fuerzas del orden con armas de fuego durante más de 20 minutos y habría detonado una granada dañando severamente entre 20 y 30 habitaciones y toda la estructura del hotel. Fueron detenidos y trasladados a La Paz Mario Taddik de 51 años y el húngaro Iedad Toazo, acusados de terrorismo, atentado contra la seguridad del Estado e intento de asesinato de dignatarios. A las 6.30 de la mañana se allanaron instalaciones de la Feria Exposición Santa Cruz y se hallaron una escopeta, cuatro fusiles, una carabina, una ametralladora y explosivos de alto poder C-4 en el stand de la cooperativa cruceña de telecomunicaciones Cotas. Las fuerzas especiales de la Policía encontraron en poder de la célula irregular organigramas y planes de una cadena de actos terroristas contra la vida de autoridades del Poder Ejecutivo y del prefecto de Santa Cruz Rubén Costas. García Linera denunció que detrás del presunto grupo terrorista desarticulado este jueves están sectores de "extrema derecha fascista", y anunció que el gobierno esclarecerá "quién les trajo desde Croacia e Irlanda a Santa Cruz, quién pagó sus pasajes, quién les mantenía, quién contrató los hoteles, quién les daba información del desplazamiento de las autoridades, como llegó el explosivo C4, quién compró el armamento y cuáles son los móviles ideológicos de estas personas". La verdad. La información que pueda obtenerse de los detenidos vivos, Mario Fardig Astorga, militar boliviano en retiro de (60) formado en centros castrenses croatas, y del húngaro Iedad Votel Toazo, es más que fundamental para la investigación nacional porque ella puede dar luces sobre la dimensión de lo que aparentemente ha sido parte de un plan desestabilizador de la democracia en Bolivia, que se inicia en el 2003. Otro dispositivo vital para la investigación es una computadora portátil que ya está en manos de expertos en La Paz. Reacciones Ante las reiteradas expresiones de desconfianza por parte de cierta dirigencia cruceña, debido a que el operativo está siendo conducido por altas autoridades de inteligencia nacional el gobierno ha respondido que no se puede fingir tanta ignorancia porque es lógico que un hecho que tiene características tan serias y que amenaza a la estabilidad del país, a la convivencia pacífica, a la vida de autoridades y ciudadanos, se convierte en un asunto de estado. Las declaraciones de autoridades nacionales, prefecturales, cívicas que rayan en la irresponsabilidad, toda vez que las el grupo de investigación anti-terrorista explicó claramente que luego de las investigaciones se daría una versión oficial, han merecido críticas de analistas y ciudadanos. Estos hechos deben más bien merecer reuniones urgentes entre autoridades de todos los niveles para despejar dudas en torno a la posible vinculación de frentes políticos de derecha o izquierda o extremistas anarquistas y mucha cautela. Betty Tejada Soruco*

¿Ingenuidad, complicidad, o militancia?

Fri, 24 Apr 2009 08:37:29 -0700

Por Tamer Medina Hoyos Toda organización terrorista tiene objetivos políticos bien definidos. Nada para ellos se realiza al azar. Así también, la organización terrorista tiene (busca) una base de consenso mínimo en la legalidad que, en algunos casos se manifiesta mediante un instrumento político (partido político) y en otros se ampara en la libertada de organización y de expresión: unión juvenil cruceñista – comités cívicos de la media luna. En el caso de los últimos acontecimientos ocurridos en Bolivia es un hecho que el grupo terrorista que fue desbaratado por los órganos de seguridad del Estado, es un grupo ultraderechista afín a los intereses de la oposición (incluidos la mayoría de los medios empresariales de comunicación) que, ahora se puede decir, intentó de todo para derrocar el proyecto de Estado – Nación (Pluri) que encarna el presidente Evo Morales. Precisamente por ello, la base de afines de la banda terrorista boliviana que está constituida por la oposición agonizante - por relación o por simple simpatía - busca desesperadamente echar dudas sobre hechos incuestionables, más que para defender a los terroristas, para evitar su hundimiento definitivo, o por largo tiempo, junto con ellos. Por ejemplo, el periódico La Razón en su publicación del sábado 18, acudiendo a una fuente dudosa, plantea como un hecho que los terroristas no salieron del hotel donde estaban alojados la noche del atentado al cardenal Terrazas, noticia que fue utilizada por varios desesperados opinadores y políticos en Tarija para vociferar patrañas y engaños a la población, para confundir y, solapadamente justificar el accionar del grupo terrorista desbaratado? Nada más absurdo, personas entrenadas, profesionales en su ramo (terrorismo) ¿no pudieron burlar los controles de un hotelucho para salir y volver a entrar sin ser notados? ¿Qué es el hotel donde se alojaron, San Pedro, Morros Blancos, Chonchocoro? Definitivamente la oposición esta esquizofrénica. Tan esquizofrénica que un tal Rodrigo Paz Pereira dijo - tratando de justificar - por radio Panamericana que lo que sucedió se debe a que el Presidente no gobierno para todos los bolivianos. ¡Nada mas cantinflesco¡ puesto que, por una parte el presidente Evo Morales está obligado a gobernar para las mayorías empobrecidas, para los que nunca nadie gobernó de verdad y por otra parte, si se aplicaría la lógica de Paz Pereira (al revés) desde los intereses de la mayoría nacional, ésta encontraría el justificativo para organizarse y eliminar físicamente a las minorías que no dejan gobernar a Evo Morales? No hay duda que a la derecha se le agotó todo. Lo que todavía no está claro en todo este asunto es el rol del Cardenal Terrazas y la representación oficial de la iglesia católica que sabiendo (o tal vez sus simpatías no les permite saber) que, detrás del atentado a Terrazas estuvo el grupo ultraderechista afín a la unión juvenil cruceñista, prefectos y otros grupos de cívicos de la media (amigos del cardenal), siguen pensando que querían acallar la voz de la iglesia (correo del sur 17/04/09), cuando el verdadero objetivo del autoatendado era poner a los católicos y creyentes contra el gobierno y específicamente contra Evo Morales. Hasta hace dos días atrás la conducta de la elite de la iglesia católica parecía de ingenuidad, sin embargo, en la medida que pasan los días y se confirma el carácter ultraderechista de la banda terrorista, su silencio, no solo parece de complicidad, sino de militancia con la causa terrorista y base de afines derechistas que hoy, de una forma u otra, buscan desesperadamente defender o por lo menos echar dudas sobre los hechos ocurridos.

EL CINISMO DE LA OPOSICIÓN SUICIDA

Thu, 16 Apr 2009 14:13:48 -0700

BOLIVIA: EL CINISMO DE LA OPOSICIÓN SUICIDA Por Rafael Bautista S. Se hace casi imposible argumentar contra quien no argumenta. Es como hablarle a un muro. Pero este endurecimiento no genera seguridad, su fuerza dura radica en la inseguridad que propaga. No hay razones que puedan hacerle frente, porque la razón ya no es opción para quien invalida todo y abraza el suicidio. El suicidio es su amenaza, y lo es, porque en su suicidio pretende acabar con todo y con todos. Si la oposición pierde algo está dispuesta a que todos pierdan todo; amenaza con destruir todo si ella pierde algo. Su amenaza se convierte en su fuerza y esa fuerza se permite la soberbia que presume su ventaja: si acaba con todo, ¿quién podrá después demostrarle la insensatez de su apuesta? Por eso vocifera con una seguridad implacable. Está dispuesta a morir pero en su muerte está también dispuesta a que todos mueran. Por eso no cede nada, porque ceder es, para ella perder, y no está dispuesta a perder porque sólo quiere ganar. Si pierde hará que todos pierdan todo. Su fuerza radica en ese chantaje; por eso expone su fuerza de modo abusivo. Se vuelve ciega. En esa ceguera, cree que sale ganando y, aunque sólo promete muerte, cree que con la muerte sigue ganando. En eso consiste su seguridad: que si no aceptamos su chantaje, morimos todos. El cinismo se regocija en su boca y, en ella, se invierte todo; la democracia ya no significa nada, porque el corrupto se hace el juez y el ladrón magistrado. El rico se hace el pobre, el agresor la víctima y el racista se queja de discriminación; habla en nombre de la democracia el dictador. Rapta a la democracia para que sus reclutados salgan a imponer el fascismo, en nombre de aquello que han raptado. La democracia es devaluada; ahora quiere el cínico que sea el respeto al disenso, es decir, si el criminal disiente del juicio, su voluntad debe ser respetada. Por eso la democracia ya no vale nada para el cínico; es un recurso más que usa como quiere. Si las mayorías quedan subordinadas a su disenso, entonces puede hacer lo que le conviene. Esta clase de suicida se ejemplifica en el terrorista y, no por casualidad, es producto de la época actual. A su modo, el suicida actual, reproduce en su vida la lógica imperial de la globalización neoliberal: el capitalismo salvaje. Privando de alternativas al mundo entero se priva a sí mismo de toda alternativa. Por eso el imperio cae por dentro; pero, en su caída, amenaza con hacer caer todo. Su último acto de heroísmo pretende ser un estruendo de magnitud macabra: el fin de todo. El que desea ganar siempre todo provoca que todos pierdan todo, incluso él mismo. Por eso ya no puede ofrecer razones; la amenaza se convierte en su razón de ser, es decir, en razón de fuerza mayor. Esta razón de fuerza ya no ofrece razones, se hace fuerza pura y su pureza consiste en limpiarse de toda razón. De esa fuerza proviene su poder. El poder de acabar con todo es el poder puro que no necesita de razón alguna. Su contundencia radica en la decisión misma. La decisión de acabar con todo se basta a sí misma. Se convierte en un puro juego. Es algo que incluso le divierte. Por eso se mofa de lo que se le diga; una vez que ha demostrado que está dispuesto a morir matando a todos, no hay nada imposible que no pueda hacer. Si se permite el suicidio, todo le está permitido. Por eso se arroja, con los ojos abiertos, al suicidio, arrastrando a todos en su marcha. Esta nueva lucidez sabe de su poder y, por eso mismo, ya no le interesa dialogar; su poder lo expone su fuerza, es dominio puro que amenaza apocalípticamente. Se origina en el capitalismo salvaje y el neoliberalismo le abre fronteras insospechadas: la vida misma, el mundo, los seres humanos y la naturaleza, se convierten en puro negocio. Vivir se convierte en pura excusa, ahora ganar es el fin de todo, incluso a costa de la propia vida; por eso marcha hacia la muerte de modo entusiasmado, juega con la muerte como con la vida. Su normalidad es un puro aburrimiento, por eso persigue la excitación, le gusta vivir peligrosamente; compite para ganar y para ganar está dispuesto a todo. En ese juego ha aprendido a desechar la vida de los demás y, desechándolos, aprendió a desechar todo lo demás; aprendió a no valorar más la vida, ni siquiera la suya propia. Si todo se vende, él también. Pero esta constatación ya no le perturba, porque en la devaluación de la vida, el primer devaluado ha sido él mismo. Por eso su vida no es ejemplo y todo lo que acumula no le llena nada sino que le vacía por completo. La vida ya no tiene sentido. El sinsentido se vuelve su único sentido. Su forma de vida ya no conforma nada, pero deforma todo. La deformación que ocasiona deforma su propia vida. Si la vida pierde todo sentido, el único sentido es la muerte, se convierte en un ser-para-la-muerte; aunque la vida haya perdido su encanto, vive para morir; su último heroísmo consiste en cómo morir. Si él ya no quiere vivir, los demás tampoco; si para él la vida ya no es posible, para los demás tampoco; ya no pregunta a nadie si quiere seguir viviendo; si no ve salida para él, no ve salida para nadie. Por eso desea el fin de todo y abraza este deseo de modo religioso; su voz cobra un tono apocalíptico que afecta sus palabras en una histeria dramática, por eso insulta y agrede como bestia herida (como las diputadas de la oposición). Pero esto es la teatralidad de su drama: abraza el fin de todo como un acto estético, el fin se hace bello, el fin se convierte en su salvación, y hasta considera ese fin como el fruto más acabado de su humanismo. Es capaz de oprimir el botón de la destrucción final por amor a la humanidad; por eso, su amor, es un amor que mata. Por eso abraza, en sus discursos, la justicia, la libertad, la paz, la esperanza; porque su esperanza es una esperanza de muerte, su paz es la paz de los muertos, su justicia es su juicio final. Una oposición semejante ya no sabe hacer oposición política, convierte la política en hostilidad absoluta; por eso, el maniqueísmo al que recurre, ya no necesita ni razones ni argumentos, sólo la condena, la muerte de los infieles. Cuando hay razones hay posibilidad de diálogo, pero cuando no hay más que intransigencia, las razones salen sobrando. En todo este proceso, el gobierno ha cedido siempre (incluso hasta quedar mal parado con la CIDOB, por la concesión en el número de escaños indígenas. Lo indignante de esto es la hipocresía de los medios; pues después de haber sido cómplices estos medios, como red UNO y Unitel, de la golpiza al dirigente Adolfo Chávez de la CIDOB, en Sucre, ahora le muestran como el héroe, porque le quieren hacer decir, como insistentemente hacía John Arandia en su programa “que no me pierda”, que el recorte en los escaños era una “traición” del gobierno, cuando era el recorte que estos mismos medios reclamaban. Es indignante porque estos canales no ahorraron medios para cuestionar los escaños indígenas y ahora se presentan como los defensores de estos y, hasta, el ex constituyente Lazarte, en el mismo programa, quien había hecho todo lo posible por destruir el carácter plurinacional de la nueva constitución, ahora se “solidarizaba” con Adolfo Chávez). El gobierno cede, incluso lo que no debiera, pero la oposición nunca cede nada. Y no cede porque no contempla nunca concesión alguna. El error de los diputados fue pretender deducir una representación cualitativa indígena de la legalidad vigente; ahí el asunto se diluía en las maniobras de la oposición: una pura cuantificación interesada; los senadores opositores podían, de ese modo, enfrentar de nuevo, campo contra ciudad. La falacia del “un voto, un ciudadano” sirve precisamente para excluir el voto: toda la representación congresal pandina no llega a cubrir los votos de un diputado de El Alto y, sin embargo, dos senadores pandinos parecen valer más que todos los congresales de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, etc. De la legalidad vigente no se puede deducir una transformación cualitativa; por eso, el carácter transitorio de la nueva ley, debía recurrir a otras instancias, como aquellas que desconoció el Senado: los tratados internacionales y la última resolución de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que es, además, ley de la republica. Como señala, de modo acertado, Idon Chivi, lo que se cometió fue otro genocidio; pues, para agravar la figura, de ocho escaños indígenas se redujo todavía a siete, gracias a la diligencia de la diputada Millares y el Senador Rodríguez, ambos de Sucre, connotados personajes de la intolerancia y el racismo (no en vano azuzaron a su población, cuando la “culta” Charcas resucitó su pasado realista inquisitorial, bajo la cruz templaria de su bandera, y protagonizaron los actos de vergüenza nacional: la humillación de campesinos). Por eso el contrincante no es noble, ni es digno. Es cínico. Parte de una seguridad implacable porque no parte de una condición humana; si juega con la muerte, juega también con la vida: quien quiere decidir sobre la vida y la muerte, quiere ponerse en el lugar de Dios. Se hace idólatra. Sus propios valores se vuelven ídolos que reclaman sangre. Por eso, la defensa de sus principios se convierte en una santa cruzada. Su lucha es una lucha entre el bien y el mal. Por eso se lanza a esa lucha de modo religioso. Si posee la potestad de la verdad, todo lo que se le oponga resulta, de modo maniqueo, irracional; de esa impugnación se deduce lo que sigue: eliminación total. Ese tipo de devaluación es absoluta y, aunque dice poco de los acusados, porque acusar no es argumentar, dice más bien mucho de quien acusa; es decir, todo lo que descarga sobre los acusados es, más bien, de modo invertido, lo que retrata al que acusa. Tiene que inventar monstruos para justificar la violencia que desata. Pero el monstruo no existe, es su invención, pero, como juega a inventar monstruos, él mismo se convierte en monstruo. Derrama, entonces, todo lo que es, en el monstruo que ha inventado. La víctima es la intolerante, la fascista, la antidemocrática, la resentida, la llena de odio, la vengativa, la atea, la corrupta, etc.; de ello se deduce sólo una cosa: la eliminación de la víctima. Esta legitimación de la eliminación, se logra por inversión: el mal se presenta como el bien y el bien como el mal. Es una metafísica que tiene, en Nietzsche, su apoyo ideológico: la muerte de Dios (porque se acusa a la víctima de matar a Dios) permite transgredir todos los valores: todo vale, pues la única moral que vale es la moral del vencedor. Es un heroísmo suicida, por eso Nietzsche es tan actual: el heroísmo consiste en marchar de modo consciente a la destrucción final. Esto es lo que se desprende del literal bombardeo mediático; lo que, en lenguaje militar, se conoce como “guerras de cuarta generación”. Se trata de una guerra porque la estrategia de acumulación ha venido sufriendo, a nivel planetario, un cambio: la acumulación por plusvalía ya no era suficiente, se precisaba una acumulación por control de la subjetividad; se trataba de producir las necesidades mismas. El mito de las materias primas baratas y la totalización del mercado llevó a la ilusión de la especulación financiera impune: la economía tenía necesariamente que derrumbarse. Lo cual significa, para la ceguera neoliberal, no algo adjudicable al sistema mismo sino a fuerzas ajenas (por eso hay que acabar con todo lo que le amenaza). El adjudicarse la potestad de la verdad les da el derecho de condenar toda oposición. La soberbia se amplifica, pues también ellos cercan y hacen de la crítica una burda condena: una crítica sin autocrítica deviene en defensa fanática. La legitimidad de esa defensa proviene del disfraz recurrente: el azuzador del conflicto nunca reclama paternidad de lo que ha provocado. Se trata de la irresponsabilidad total: exige a todos ser responsables menos él. Se asume intocable, incuestionable, porque lo que dice no merece réplica. La réplica merece la muerte. Por eso sus acusaciones se expresan en términos absolutos, amplificados y bendecidos por los medios, donde la guerra que se promete seduce a todos. Nace así una nueva religiosidad. El santuario de la ciencia moderna (que prometía la vida eterna) se transforma en la iglesia invisible de los medios (que tiene la potestad de condenar a todos, aunque nadie pueda condenarlos), que bendice las acciones que promueve la oposición y maldice las reacciones que provoca: quienes quieren vivir pecan de soberbia. Frente a la muerte ya no tiene sentido la justicia, ni la libertad, ni la paz. Con la muerte se diluye todo sentido. Nadie puede reclamar más nada. Si los pobres no supieron valorar el reino de los poderosos entonces que se destruya todo. Que el escarmiento sea total: la venganza del poderoso es venganza divina. Si no hay alternativa entonces no hay otra vida posible. Pero si la hay, entonces el discurso del poderoso es pura mentira. Aunque su forma de vida haya sido descubierta, no hay otra forma según él: si él ha robado cree que los demás le robarán; si él ha asesinado cree que los demás se vengaran. Por eso, cuando ha sido desenmascarado, ve a su alrededor sólo venganza y odio. Está convencido que, si no hay salida para él, no hay salida para nadie. Se vuelve cínico. Si él sale perdiendo hará todo lo posible para que todos pierdan todo. Si sabe que va a perder, quiere que todos pierdan. En su amenaza no hay alternativa posible. ¿Qué hacer? Lo que hace y nos enseña la nueva política. La huelga de hambre obligó a la oposición cínica a ingresar en el campo democrático; la concesión última del presidente la obligó a pactar, ya que es imposible que dialogue. Está obligada a actuar democráticamente. La huelga fue una medida moral, de retorno a la sensatez; cada nuevo huelguista era el desenmascaramiento total de una oposición cínica. Por eso había razón para festejar: se había vencido de nuevo a la muerte; porque, en cada paso que damos, por más pequeño que sea, demostramos que la guerra no es solución, que si hay voluntad hay siempre alternativas. Por eso, el triunfo no es sólo del pueblo, es un triunfo de la razón y de la vida. La afirmación de la vida es salvación hasta del suicida. La muerte nunca es solución, la muerte es la negación de todo. Los conflictos deben ser resueltos sin llegar a las armas, porque las armas acaban destruyendo la política, la comunidad y la vida. La oposición que no es más que simple y pura oposición, acaba destruyéndose a sí misma. El ofrecimiento presidencial es generoso porque salva a la misma oposición, le da una oportunidad más, le permite vivir. Porque la política indígena no parte de la oposición sino de la comunidad. Todos somos hermanos porque todos conformamos una comunidad. La lógica de la oposición acaba en la lógica del enemigo. En la lógica de la comunidad, hasta el enemigo es un hermano; por eso se acude a la persuasión. En la lógica de la oposición todo conduce a la eliminación. Los dirigentes campesinos advertían de modo sabio: “esta democracia no sirve”. Se referían a la democracia formal; donde “casi” se hace justicia, “casi” se cumple la ley, “casi” se dice la verdad. En el “casi” radica la no intención, el no interés, el despropósito, la insensatez y el absurdo. Un mundo en el que “casi” se cumple la ley es un mundo sin ley. El “Estado de derecho” es ese mundo; Estado que reclama la oposición, porque con ese Estado garantizaron sus robos y sus crímenes. Otro Estado es, para ella, el infierno. Por eso la semana santa no fue casual. Otra vez, la intención era crucificar al que anuncia las buenas nuevas a los pobres. Otra vez volvían los Caifas: “es mejor que perezca este a que perezcamos nosotros”; otra vez los Pilatos que ordenaban la muerte para lavarse luego las manos. Por eso la pascua no fue casual. Un gesto moral obligó a la oposición cínica a actuar democráticamente. La huelga fue el retorno de la sensatez; cada nuevo huelguista testimoniaba, frente al mundo entero, la afirmación de un pueblo por la vida. Por eso es un triunfo de la razón. Si hay razones hay posibilidad de diálogo, si hay diálogo, hay comunidad y hay vida. Afirmar la comunidad es afirmar la vida de todos, hasta del suicida. Sin la afirmación de la vida, se diluyen todos los sentidos, se vive en el sinsentido: es cuando aparece al suicida. Pero la muerte nunca es alternativa, hay alternativas si hay posibilidad de vida. La Paz, abril de 2009 Rafael Bautista S. Autor de “OCTUBRE: EL LADO OSCURO DE LA LUNA” y “LA MEMORIA OBSTINADA” rafaelcorso@yahoo.com

Presentacion de video

Tue, 07 Apr 2009 15:59:04 -0700

presantacion del video de Cesar Brie en Canada

mama tierra

Tue, 07 Apr 2009 15:58:49 -0700

nuestra madre tierra y su regaso

APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA LOS PERIODISTAS EN BOLIVIA

Tue, 07 Apr 2009 15:53:11 -0700

APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA LOS PERIODISTAS EN BOLIVIA Como en ninguna otra parte del mundo y como una demostración de la veracidad de los estudios althuserianos, tenemos en nuestro país, el problema de los Medios de Comunicación de Masas, (Mas-Media) como verdaderos y auténticos aparatos ideológicos del Estado burgués que desempeñan el papel principal de vallas ideológicas conservadoras que combaten la efectivización de los cambios sociales y propician agresivamente el surgimiento de las formas fascistas de contra-revolución a través de la propaganda, la falsa información y el discurso hegemónico de las clases dominantes. La primera constatación que se debe hacer es aquella que se refiere concretamente a la propiedad de los principales y más poderosos medios de comunicación televisiva. En efecto, son los dueños y propietarios de los medios, los que imponen, manu militari, la política comunicativa de cada «Medio». El infeliz periodista que se atreviera a contrariar las órdenes perentorias del amo y señor del canal, de la radio o del periódico, tendrá que sufrir drásticas sanciones que van desde la reprimenda más humillante hasta el despido inmediato y sin reclamo alguno. Tan evidente resulta esta conducta abusiva y denigrante que el periodista tiene que aplicarse a sí mismo una verdadera autocensura para defender “heroicamente” su fuente de trabajo. Solamente algunos periodistas con un mínimo de dignidad y honestidad admiten este extremo cínico de la “libertad” de prensa tan defendido por los propietarios de la opinión pública. En nuestro medio tenemos los canales de televisión: Bolivisión, Cadena A, PAT, Unitel, las radioemisoras, principal y especialmente Radio Panamericana, y los periódicos La Razón, La Prensa y El Diario, como los medios de comunicación que están creando a diario, cada hora y cada minuto una determinada “opinión” general, lavando el cerebro de la gente más despistada que no hace sino repetir como cotorras los infundios y calumnias emitidos por esos medios que adquieren la cualidad de verdad “revelada”. Nada o muy poco se puede hacer, en nuestro caso, con respecto a esa dominación absoluta de la “opinión pública” por parte de la derecha, pues hasta los periodistas “independientes” como Amalia Pando o Jaime Iturri del canal estatal, lo único que hacen es invitar sistemáticamente a los representantes de la derecha y darles audiencia preferente sabiendo que esos elementos tienen TODOS los medios bajo su control sin necesitar que el Medio oficial también les proporcione amplios espacios para atacar el proceso de cambios. Es desesperante escuchar la timidez de esos periodistas “independientes” frente a la prepotencia y agresividad de los periodistas funcionales a la dominación oligárquica. Naturalmente, para guardarse las espaldas, estos periodistas no quieren enemistarse con la derecha que es la que proporciona fuentes de empleo a todos los periodistas. Por lo mismo tienen que contemporizar y dar razón o por lo menos situarse en el “término medio”, echando la culpa por igual al gobierno y a la oposición. La derecha totalitariamente posicionada en todos los Medios de comunicación y sin dejar posibilidad alguna de respuesta, tiene testaferros y lacayos como el siniestro Cayetano Llobet, el ignorante Jorge Tejerina, el fascista Carlos Valverde, el “imparcial” Caballero, la mediocre Rocío Bernal, etc., etc., que sin pausa alguna destilan veneno contra los indígenas, contra los trabajadores y contra quién se atreve a “defender” al gobierno. Las campañas sistemáticas, los insultos más soeces contra Hugo Chávez, contra Evo Morales y contra los indígenas constituyen muestras del racismo más atrabiliario mientras el gobierno totalmente a la defensiva mediática apenas puede exhibir tímidos esfuerzos de representantes semi-letrados que balbucean incoherencias y son objeto de burla de los periodistas neoliberales institucionalizados. Ojalá en el futuro el Gobierno comprenda la importancia de rebatir la propaganda fascista que constituye un elemento fundamental del complot reaccionario contra el proceso. Jorge Echazú Alvarado

LOS PERIODISTAS Y EL PERIODISMO EN BOLIVIA

Tue, 07 Apr 2009 15:52:14 -0700

LOS PERIODISTAS Y EL PERIODISMO EN BOLIVIA Como en ninguna otra parte del mundo y como una demostración de la veracidad de los estudios althuserianos, tenemos en nuestro país, el problema de los Medios de Comunicación de Masas, (Mas-Media) como verdaderos y auténticos aparatos ideológicos del Estado burgués que desempeñan el papel principal de vallas ideológicas conservadoras que combaten la efectivización de los cambios sociales y propician agresivamente el surgimiento de las formas fascistas de contra-revolución a través de la propaganda, la falsa información y el discurso hegemónico de las clases dominantes. La primera constatación que se debe hacer es aquella que se refiere concretamente a la propiedad de los principales y más poderosos medios de comunicación televisiva. En efecto, son los dueños y propietarios de los medios, los que imponen, manu militari, la política comunicativa de cada «Medio». El infeliz periodista que se atreviera a contrariar las órdenes perentorias del amo y señor del canal, de la radio o del periódico, tendrá que sufrir drásticas sanciones que van desde la reprimenda más humillante hasta el despido inmediato y sin reclamo alguno. Tan evidente resulta esta conducta abusiva y denigrante que el periodista tiene que aplicarse a sí mismo una verdadera autocensura para defender “heroicamente” su fuente de trabajo. Solamente algunos periodistas con un mínimo de dignidad y honestidad admiten este extremo cínico de la “libertad” de prensa tan defendido por los propietarios de la opinión pública. En nuestro medio tenemos los canales de televisión: Bolivisión, Cadena A, PAT, Unitel, las radioemisoras, principal y especialmente Radio Panamericana, y los periódicos La Razón, La Prensa y El Diario, como los medios de comunicación que están creando a diario, cada hora y cada minuto una determinada “opinión” general, lavando el cerebro de la gente más despistada que no hace sino repetir como cotorras los infundios y calumnias emitidos por esos medios que adquieren la cualidad de verdad “revelada”. Nada o muy poco se puede hacer, en nuestro caso, con respecto a esa dominación absoluta de la “opinión pública” por parte de la derecha, pues hasta los periodistas del canal estatal, como Rafael Archondo, Diego Ayo y otros derechistas empedernidos, lo único que hacen es invitar sistemáticamente a los representantes de la derecha y darles audiencia preferente sabiendo que esos elementos tienen TODOS los medios bajo su control sin necesitar que el “Medio” oficial, también les proporcione amplios espacios para atacar el proceso de cambios. Es desesperante escuchar la timidez de algunos periodistas “independientes” frente a la prepotencia y agresividad de los periodistas funcionales a la dominación oligárquica. Naturalmente, para guardarse las espaldas, estos periodistas no quieren enemistarse con la derecha que es la que proporciona fuentes de empleo a todos los periodistas. Por lo mismo tienen que contemporizar y dar razón o por lo menos situarse en el “término medio”, echando la culpa por igual al gobierno y a la oposición. La derecha totalitariamente posicionada en todos los Medios de comunicación y sin dejar posibilidad alguna de respuesta, tiene testaferros y lacayos como el siniestro y coprófago Cayetano Llobet, el sabelotodo Jorge Tejerina, el fascista Carlos Valverde, el “imparcial” Julio César Caballero, la mediocre Rocío Bernal, en los canales de televisión; Manfredo Kempff, el cura José Gramunt de Moragas, Humberto Vacaflor, Echalar en la prensa escrita, etc., etc., que sin pausa alguna destilan veneno contra los indígenas, contra los trabajadores y contra quién se atreve a “defender” al gobierno. Efectivamente, una cosa son los presentadores de noticias totalmente parcializados, los comentaristas, los “analistas” y demás hierbas venenosas que son los que verdaderamente siguen a pie y juntillas las directivas empresariales y otra, muy diferente, la situación de los periodistas de la calle que realmente deben buscar la noticia en medio de los conflictos más agudos, empero ellos mismos tienen que “cuidar” su pega en múltiples formas de “quedar bien” con sus patrones. Las campañas sistemáticas, los insultos más soeces contra Hugo Chávez, contra Evo Morales y contra los indígenas constituyen muestras del racismo más atrabiliario mientras el gobierno totalmente a la defensiva mediática apenas puede exhibir tímidos esfuerzos de representantes semi-letrados que balbucean incoherencias y son objeto de burla de los periodistas neoliberales institucionalizados. Últimamente hemos tenido la flagrante mentira propalada por la presentadora de noticias de UNITEL, Patricia Girard que, comentando sobre el desalojo de los discapacitados en Santa Cruz que ocuparon las oficinas de YPFB, nos dio la “noticia” de un muerto en la acción policial siguiendo la política reaccionaria de “buscar” muertos para echarlos sobre las espaldas del presidente, y nadie le reclamó nada. Ahora, vemos a las Asociaciones de Periodistas salir a las calles en “protesta” contra el Gobierno, naturalmente como parte de la escalada de violencias que busca el Comité Nacional de la Derecha (CONALDE), creando afanosamente líos, confrontaciones, marchas callejeras y bloqueos, en una muestra palpable de su compromiso umbilical con la causa sediciosa. Son ridículas las marchas de estos escribas y faricos que no abren la boca cuando los indígenas son apaleados, cuando los campesinos son golpeados en las formas más brutales, cuando los policías que, esos sí, cumplen con su deber, son cobarde y miserablemente agredidos por las turbas fascistas en Sucre y Santa Cruz. Efectivamente, cuando la gente común, no precisamente masista entre los que nos encontramos los verdaderos revolucionarios, protestamos contra la prensa calumniadora, sale en defensa de los escribas hasta la Central Obrera Boliviana que sin lugar a dudas ha perdido todo norte y atolondradamente, mediante sus miserables portavoces, se une a la campaña sin un poco de decoro social y clasista. Tiene toda la razón el c. Morales al denunciar a esa prensa vendida al oro oligárquico y hay que hacerlo con más vehemencia mostrando concretamente los casos de parcialización y tendencialización de sus comunicados, de sus reportajes, de sus noticias y de sus verdaderas agresiones a los funcionarios públicos metiéndoles los micrófonos por la cara o persiguiéndolos de forma grotesca. Los verdaderos periodistas que toman partido por el cambio están obligados a desenmascarar la falacia de la “neutralidad” del periodismo. Ojalá en el futuro el Gobierno comprenda la importancia de rebatir la propaganda fascista que constituye un elemento fundamental del complot reaccionario contra el proceso. Jorge Echazú Alvarado

ESCANDALOSA UTILIZACIÓN MEDIATICA DEL CASO CARDENAS

Tue, 07 Apr 2009 15:51:23 -0700

ESCANDALOSA UTILIZACIÓN MEDIATICA DEL CASO CARDENAS Hemos sido ingratamente sorprendidos por la escandalosa y vidriosa utilización que ha hecho la prensa derechista y reaccionaria del país en el caso del señor Víctor Hugo Choquehuanca Condori (Víctor Hugo Cárdenas Conde), exVicepresidente de la República en el nefasto régimen de Gonzalo Sánchez Lozada y en su período más vergonzoso de entrega de los recursos naturales del país a las grandes transnacionales. Del modo más insistente y machacón, exagerando hasta el cansancio los hechos, mostrando mil y una veces a los grupos campesinos que ocupaban la casa de Choquehuanca en la localidad de Huatajata, la derecha mediática pretende hacernos creer que este hecho puntual es un ataque al principio sacrosanto de la “propiedad privada”, propio del Modo de Producción Capitalista. La acción comunitaria de los campesinos de Sanka-Jawira, no solamente tiene una explicación muy clara, incluso tiene plena justificación desde el punto de vista político y social. Cárdenas (Choquehuanca) ha inflingido un daño moral muy grande a su propia comunidad, se ha puesto agresivamente contra la opinión universal de sus hermanos en torno a la nueva Constitución política del Estado, no ha asistido a las reuniones en las cuales se toman las decisiones políticas de la comunidad y no ha cumplido mínimamente sus obligaciones como comunario. Se debe comprender que, fuera de las costumbres y leyes “ordinarias” de nuestra sociedad occidental, existen también, y con todo derecho, usos, costumbres y tradiciones aunque esto/as no se encuentren escrito/as. Existen normas de comportamiento que tienen aplicación y se hallan vigentes en una parcialidad de la sociedad subordinada y que no provienen de los órganos legislativos del Estado Nacional; estos fenómenos sociales se estudian en la sociología jurídica. En el Estado Pluri o Multinacional, existen y existirán varios tipos de moralidad y de legalidad así como de legitimidad y no solamente los que reconocen los descendientes directos o indirectos de la colonización española, europea y occidental. Se debe comprender que antes de la invasión europea existían altas culturas en nuestra Abya Yala que no tienen por qué desaparecer junto a sus cultores. Se debe tener en cuenta que Bolivia, a partir de la nueva Constitución Política es un Estado Plurinacional, en el que se reconocen y se respetan todas las costumbres ancestrales de esas comunidades nacionales, las mismas que existieron siempre pero que no eran reconocidas por el Estado Nacional excluyente del pasado cercano. Los tipos de propiedad predominante en las sociedades comunitarias, son precisamente la propiedad de toda la comunidad. Los derechos individuales existentes en las comunidades están siempre subordinados a los derechos comunes de la comunidad. En las formaciones sociales comunitarias, la propiedad absolutamente dominante es la propiedad comunitaria, mientras la propiedad individual es aleatoria y que depende siempre de la distribución que se haga de la misma en el seno de la comunidad. Cuando un individuo de una determinada comunidad actúa en contra de las disposiciones de la comunidad y peor aún, si actúa directamente en contra de esas determinaciones, está cometiendo una grave falta que incluso puede consistir en un delito comunitario cuando la sanción más benigna es la expulsión de la comunidad. Los marxistas y leninistas consideramos a las comunidades indígenas existentes en el seno del Estado Multinacional Boliviano, como portadoras de verdaderas relaciones de producción, pero ya no subordinadas a la lógica del capitalismo, sino co-existentes y en competencia con este último. No participamos de las viejas tesis que planteaban la “necesidad” se barrer con todas las relaciones de producción pre-capitalistas para universalizar el capitalismo y luego transitar raudamente hacia el socialismo. Las relaciones pre-capitalistas como son las servidumbrales y semi-esclavistas, efectivamente, deben ser eliminadas radicalmente, empero no debe ocurrir lo mismo con las relaciones comunitarias que, contrariamente, deben ser defendidas en el seno del Estado Multinacional de Nueva Democracia. El imperialismo universalizó las relaciones productivas del capitalismo, sometiendo al mundo entero a sus determinaciones y los grandes clásicos pensaban que el capitalismo debía completar su dominio del mundo para posteriormente dar paso al socialismo. Esa situación ya se ha dado y por tanto corresponde combatir al capitalismo, arrinconarlo en su época actual de senilidad para dar finalmente paso a una formación superior de tipo socialista y en esa perspectiva, la existencia y pertinencia de las formaciones sociales comunitarias entran plenamente en el esquema del anti-imperialismo con todo su bagaje de solidaridad y comunidad. Es en este contexto que debe estudiarse las decisiones de la Comunidad de Sanka-Jawira que determinó, valida y pertinentemente una sanción contra el traidor, al margen de algunas exageraciones en la toma violenta del inmueble de “propiedad” de Choquehuanca Condori. No caemos ni caeremos jamás en la fácil solución que sugieren algunos, incluso desde las trincheras del “cambio”, de “censurar” y de “amenazar” a la comunidad de Sanka-Jawira y también a toda la nación aymará con juicios ordinarios por aplicar sus determinaciones en casos concretos. Volviendo al tema de la utilización mediática y kafkiana del episodio Cárdenas, podemos comparar por un lado y comprobar por otro, la doble moral (inmoralidad) de esa prensa mediática que hizo oídos completamente sordos, bocas mudas y ojos ciegos y tuertos frente a las quemas de los domicilios del señor Cuellar en Pando, de Colanzi en Santa Cruz, de Sánchez en Sucre; de las golpizas brutales del minero Vargas en las calles de Santa Cruz, del ultraje sin nombre del Coronel Obleas por parte de los jóvenes “demócratas” de UJC, de las tomas violentas de instituciones del Estado y del Canal 7 en Trinidad, Cobija, Tarija y Sucre y finalmente de los delitos de Lesa Humanidad de Porvenir-Pando. Tarde o temprano esa prensa vendida, inmoral, mentirosa, calumniadora que goza de impunidad actual en sus manipulaciones, tendrá que dar cuenta de todas sus infamias. Jorge Echazu Alvarado.

EL TERRORISMO MEDIATICO

Tue, 07 Apr 2009 15:50:20 -0700

EL TERRORISMO MEDIATICO Se está llevando a cabo, o ya ha concluido, un cónclave muy importante en Caracas- Venezuela en torno a lo que justamente se ha llamado el “terrorismo mediático” que ha aparecido con una fuerza insospechada en los últimos tiempos. Sabemos de sobra que los medios de comunicación de masas, televisión radio, periódicos, revistas, etc., constituyen, en el capitalismo, aparatos de dominación ideológica del Estado, los AIE. Sin embargo, actualmente, estas constataciones se que dan pequeñas para explicar la enorme importancia que adquieren estos “medios” para preparar y orquestar agresiones a los pueblos de parte de Imperialismo norteamericano. El encuentro de Caracas contra el “terrorismo mediático” ha reunido a destacados periodistas verdaderamente independientes del todo el continente y allá se ha discutido en profundidad los efectos perniciosos de las campañas fraudulentas, mentirosas, calumniadoras y distorsionadas que realizan estos medios en contra de regímenes políticos de tendencia progresista en América Latina y en beneficio de directo de las oligarquías, las transnacionales y particularmente el Imperialismo Norteamericano. El “terrorismo mediático” utiliza la información y el gran alcance de esos medios, no para comunicar o informar imparcialmente sobre acontecimientos mundiales, continentales o nacionales, sino para inculcar directamente una ideología concreta de presentar al imperialismo como un benefactor de la humanidad y a los regímenes democráticos como malignos representantes de la mayor negatividad. Ya no se califica a los diversos regímenes por su origen legítimo de elección verdaderamente democrática, sino exclusivamente por su mayor o menor sumisión a los dictados del Imperio y muchísimo más si se trata de gobiernos que enfrentan directamente el garrote americano. El encuentro de Caracas, trasmitido por TELESUR, no ha tenido ninguna repercusión en nuestro país y ni siquiera el canal estatal le ha dado la importancia que, en estos momentos se precisa, para hacer frente a la enorme campaña publicitaria y mediática que está orquestando la derecha para desestabilizar, derrocar o desacreditar al Gobierno del MAS y al proceso de octubre 2003. Es pues muy importante que se difundan los acuerdo de aquel evento para conocimiento de la ciudadanía, pues no encontramos medio alguno de por lo menos de neutralizar en parte la ofensiva mediática de la derecha en Bolivia, que está presentando al MAS, a la izquierda, a los movimientos sociales y otros como “anti-democráticos” y “autoritarios”, cuando en realidad quiénes provocan los atropellos brutales y las acciones provocadoras más truculentas son precisamente estos derechistas y fascistas en sus cuevas de Santa Cruz y Sucre. Se debe hacer conciencia en torno a la gran amenaza que significa el terrorismo mediático que en nuestro país está encabezado por radio Panamericana, los canales de TV, Bolivisión, Unitel, Canal A, PAT, y otros como ha sido denunciado correctamente en el “Encuentro Nacional Anti-fascista” del 29 de marzo pasado. Coincidentemente con el evento de Caracas, se reúne en esa misma ciudad un cónclave de la tristemente famosa Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que es una reunión anual de las grandes empresas latinoamericanas de comunicación que han controlado hasta el presente el 99 por ciento de la información y la comunicación social en América Latina. La SIP reúne a los dueños de medios que ni siquiera son periodistas, pero que poseen poderosos medios de comunicación que fueron determinantes en las campañas continentales para derrocar a Fidel Castro (que nunca lo lograron), a Jacobo Arbenz, en Guatemala, a Salvador Allende en Chile, al padre Aristide en Haití, y a otras campañas infames actuales contra Hugo Chávez, Raúl Castro, Evo Morales, Rafael Correa, etc. Los empresarios, dueños de canales de TV, periódicos de gran tiraje, radioemisoras potentes de todos los países de Latinoamérica, se reúnen para coordinar esfuerzos en torno ahora a organizar las campañas concretamente contra Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, el supuesto “terrorismo” y el supuesto “narcotráfico”, cuando sabemos perfectamente quiénes viabilizar el tráfico de drogas a nivel mundial. Efectivamente la reunión de la SIP, con sede precisamente en Venezuela, nos está mostrando dónde atacarán con más fuerza esos medios de comunicación masiva que en nuestro país han logrado imponer una serie muy grande de prejuicios y preconceptos reaccionarios que han calado profundamente en la opinión generalizada. Son pues estos medios los que están convenciendo a todos en Bolivia que Venezuela “interviene” maliciosamente en Bolivia, olvidándose del gran interventor del mundo entero como los Estados Unidos. Son estos medios que, a través de sus paniaguados periodistas mediocres, “asesores” bien pagados, “consultores” tránsfugas, y “comentaristas políticos” ignorantes, atormentan a la población con sus embustes contra el gobierno y contra los “indios”. Son estos medios los que están sembrando alarma en torno a la subida de los precios de los artículos de primera necesidad, cuando sabemos que esas subidas son responsabilidad total de los empresarios cruceños. Son estos medios los que nos presentan a “especialistas” en petróleo, en el problema del gas, en el problema de la tierra, en el problema económico, en el problema minero, emborrachándonos con cifras inventadas caprichosamente y siempre negativas referidas al gobierno. Estos medios son los que logran embaucar a grandes sectores pasando de “neutrales” cuando sabemos muy bien de dónde vienen los subsidios económicos que reciben como efecto de su carácter de empresas de lucro y ganancias exorbitantes. Adquirir conciencia en torno a lo que significa el “terrorismo mediático” es una de las más importantes tareas en el terreno ideológico en el actual proceso de cambios que está llegando a un punto definitivo de decisiones. Jorge Echazu Alvarado.

Informe público de la ONU sobre los hechos de violencia ocurridos en Pando en septiembre de 2008

Wed, 25 Mar 2009 18:04:01 -0700

En cumplimiento de su mandato, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la Oficina) ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los graves sucesos acaecidos en el departamento de Pando, el día 11 de septiembre de 2008. Para la elaboración del informe, se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico. En el presente informe, la Oficina aborda seis puntos: i) los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre; ii) el papel desempeñado por los órganos de seguridad; iii) las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio; iv) la situación de seguridad y protección de testigos; v) la situación de los confinados; y vi) las investigaciones de los hechos. Los graves sucesos de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de, al menos, 11 personas, según los datos del Ministerio Público (esto incluye a 9 campesinos y normalistas, así como a 2 partidarios de la Prefectura de Pando) y produjeron más de 50 heridos, en su mayoría campesinos. Frente a estos hechos, la Oficina considera que la masacre de campesinos y normalistas, que habría sido cometida por funcionarios de la Prefectura de Pando, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura, constituye una grave violación a los derechos humanos. En Tres Barracas, cerca de El Porvenir, previamente se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la Prefectura, que resultaron en la comisión de otras serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de por lo menos seis partidarios de la Prefectura, quienes habrían sido objeto de malos tratos por parte de los campesinos y sus afines. Por su parte, los campesinos vieron conculcados sus derechos a la integridad física y moral, de reunión y de libre circulación. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales en relación con la masacre de campesinos y normalistas en El Porvenir, así como de las distintas violaciones a los derechos humanos de las que da cuenta este informe. En este sentido, el presente informe hace énfasis en la importancia de una investigación judicial seria e imparcial que, además de esclarecer los hechos, conlleve al enjuiciamiento y sanción de los responsables, así como a una justa reparación a las víctimas. Adicionalmente, este documento hace un llamado a las autoridades competentes sobre la necesidad de realizar una investigación administrativa y disciplinaria sobre el papel desempeñado por la Policía Nacional. Cabe recordar que el deber del Estado, a través de sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos contra ataques provenientes de actores estatales y no estatales. La Oficina da cuenta de las obligaciones del estado boliviano en el marco del estado de sitio declarado en el departamento de Pando el día 12 de septiembre y que fuera levantado el día 23 de noviembre de 2008. Si bien este informe concluye que, de forma general, dichas obligaciones fueron cumplidas de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, también hace referencia a algunos excesos que se habrían cometido, especialmente respecto a la integridad física y moral, a la libertad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso. Con respecto al cumplimiento de estándares mínimos aplicables a la detención administrativa (confinamiento) de las personas que fueron arrestadas en Pando y confinadas a La Paz, la Oficina observó que ninguno de los confinados fue presentado ante un juez conforme a la Constitución Política del Estado. La Oficina hace igualmente referencia respecto al trato digno y humano que fue otorgado a dichos detenidos. La Oficina observa que, actualmente, la investigación sobre los hechos en el departamento de Pando está a cargo de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados con facultad de Ministerio Público. Respecto a si el procedimiento que se debe seguir para el eventual juicio penal del ex Prefecto Leopoldo Fernández, como principal imputado de los hechos acaecidos en Pando, y de los otros imputados en el caso, la Oficina considera que corresponde a las autoridades bolivianas competentes establecer si el mismo se tramita en el marco de la Ley 2445 o de la Ley 1970. Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades competentes a respetar y garantizar el libre y pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. El informe de la Oficina espera contribuir también a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al Estado de Derecho para que tan graves hechos de violencia como los de El Porvenir no vuelvan a repetirse. Introducción 1. El presente informe de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, la "Oficina") se inscribe dentro de su mandato establecido en el acuerdo aprobado el 13 de julio de 2007 por el Congreso Nacional a través de la Ley 3713. De conformidad con el Art. IV (1) del mencionado acuerdo, "la Oficina observará e informará sobre la situación de los derechos humanos a fin de asesorar a las autoridades bolivianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en Bolivia". 2. En cumplimiento de dicho mandato, la Oficina ha observado la situación de los derechos humanos en relación con los sucesos acaecidos en el departamento de Pando el día 11 de septiembre de 2008. 3. Para la elaboración del presente informe se realizaron dos misiones de terreno en el departamento de Pando, la primera del 18 al 20 de septiembre y la segunda del 9 al 16 de octubre. Se efectuaron entrevistas con víctimas, familiares de las víctimas y testigos de los hechos acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, tanto en Pando como en la ciudad de La Paz. La Oficina, asimismo, se entrevistó con algunos de los ex confinados por el estado de sitio y con algunas personas que, luego del 11 de septiembre, se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil. 4. La Oficina también mantuvo un diálogo regular con las autoridades nacionales y departamentales, con representantes del Defensor del Pueblo y de la sociedad civil. Por último, se consultó material audiovisual y periodístico. 5. La confidencialidad que rige el trabajo de la Oficina, le impide individualizar las fuentes de la información. 6. En este informe se tratan los siguientes temas: A. Los hechos de violencia acaecidos en El Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre 2008. B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad. C. Las obligaciones del Estado boliviano en el marco del estado de sitio. D. La situación de seguridad y protección de testigos. E. La situación de los confinados. F. Investigaciones de los hechos. 7. En el tratamiento de estos temas, la Oficina no actuó como un órgano del sistema de justicia nacional, recabando pruebas, calificando conductas y estableciendo responsabilidades penales individuales. La Oficina se limita a exponer una serie de hechos corroborados por diversas fuentes. Cuando se encontraron contradicciones, se expone más de una versión sobre un determinado incidente. En cualquier caso, es al sistema de justicia boliviano al que le corresponde, en el marco de una investigación seria e imparcial, esclarecer los hechos así como enjuiciar, sancionar a los responsables, y asegurar una justa reparación a las víctimas. 8. Las constataciones y recomendaciones contenidas en este informe apuntan a instar a las autoridades bolivianas a respetar y garantizar a todos los individuos el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Por último, el informe de la Oficina espera contribuir a la lucha contra la impunidad en el marco del respeto al estado de derecho. A. Los hechos de violencia acaecidos en el Porvenir y sus alrededores el 11 de septiembre 9. Los hechos que se presentan en este acápite del informe se refieren exclusivamente a los incidentes ocurridos el 11 de septiembre en El Porvenir y sus alrededores, debido a su extrema gravedad. Esos incidentes resultaron en la muerte de 11 personas (1) y aproximadamente 50 heridos -principalmente campesinos- en El Porvenir e inmediaciones. (2) A.1. Antecedentes 10. La histórica problemática de la tierra es uno de los factores que está en el transfondo de los graves sucesos de Pando. La limitada implementación de la Ley INRA (3), junto a la creciente presencia de ciudadanos sin tierras y los niveles altos y progresivos de pobreza rural, resultaron en que la población campesina e indígena de Pando consolidara su organización sindical, regional y departamental para hacerle frente a dichos desafíos. En ese marco, desde fines de los noventa, campesinos e indígenas del departamento han participado en diferentes movilizaciones demandando un acceso más equitativo a la tenencia y acceso a la tierra. 11. Durante 2008, los desafíos mencionados anteriormente se incorporaron a los temas en desacuerdo y a las tensiones entre el Gobierno y las prefecturas. 12. El 10 de agosto de 2008 tuvo lugar el referéndum revocatorio para Presidente, Vicepresidente y ocho de los nueve prefectos. El Presidente y el Vicepresidente fueron ratificados con el 67,4 % de los votos, así como los prefectos de Beni, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija. Una vez que los resultados del referéndum revocatorio se hicieron públicos, el Presidente Morales invitó a los prefectos de la oposición a discutir los temas controvertidos relacionados con la autonomía departamental y la distribución de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Luego del fracaso de estas discusiones, las prefecturas pro autonómicas, respaldadas por los movimientos cívicos locales, comenzaron a expresar duras posiciones y poner en marcha acciones de protesta contra el Gobierno, entre las que se destacan la toma del Comando Departamental de Policía en Santa Cruz el 15 de agosto y la convocatoria a un paro cívico en cuatro departamentos el 17 de agosto. Desde ese momento, miembros de los comités cívicos, funcionarios y seguidores de las mismas prefecturas departamentales protagonizaron una serie de actos violentos contra el Gobierno, bloqueando carreteras y ocupando, saqueando e incendiando oficinas e instituciones públicas. También ocuparon instalaciones hidrocarburíferas y causaron daños en la red de distribución de combustibles. 13. En el departamento de Pando, el 3 de septiembre, personas vinculadas a la prefectura y al Comité Cívico de Pando tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre otras entidades públicas nacionales con sede en Cobija. El 9 de septiembre de 2008, el entonces Prefecto de Pando posesionó como nuevo Director Departamental del INRA quien fungía como Secretario de Tierra, Territorio y Límites de la prefectura. 14. Es importante resaltar que en agosto del 2008 el INRA había finalizado el saneamiento de tierras en el departamento de Pando, previo a la distribución de las mismas. La ocupación del INRA y el subsecuente nombramiento de un nuevo Director de dicha entidad habrían generado preocupación en los beneficiarios que, después de varios años, no habían recibido aún sus títulos de propiedad agraria. 15. El 9 de septiembre la sede del Centro de Estudios Jurídicos e Investigaciones Sociales (CEJIS) en Santa Cruz de la Sierra fue destruida y sus bienes y documentación quemados. El mismo día, en la localidad de Guarayos del departamento de Santa Cruz, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) fue saqueado. El 10 y 11 de septiembre la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz fue ocupada violentamente, su mobiliario destrozado y sus equipos y otros enseres destruidos y quemados. Además, la Oficina recibió denuncias sobre persecución y amenazas a la integridad física de los líderes de estas organizaciones. Mediante comunicado de prensa de fecha 11 de septiembre, la Oficina observó con preocupación el hecho de que organizaciones de indígenas y organizaciones de promoción de los derechos de campesinos y pueblos indígenas hubieran sido blanco de ataques de grupos opositores al Gobierno. 16. Los hechos de violencia del 11 de septiembre en Pando, sobre los que se da cuenta en los siguientes acápites, se desarrollaron dentro de ese clima de tensión política que reinaba en forma aguda en el oriente y sur del país y de protestas violentas promovidas por el movimiento pro autonómico. A.2. Los incidentes en Tres Barracas 17. El 5 de septiembre, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) convocó a un ampliado campesino (4) (especie de asamblea) de emergencia a realizarse los días 13 y 14 de septiembre en su sede de Cobija, para tratar varios temas, entre otros, el análisis social de la problemática departamental, de la redistribución de tierras fiscales y de la autonomía regional e indígena. 18. Entre el 7 y 9 de septiembre, alrededor de 400 campesinos se agruparon en Puerto Rico (Pando) y Riberalta (Beni) para dirigirse al ampliado de Cobija. En el municipio de Filadelfia (Pando) también se reunieron campesinos de diferentes comunidades, aproximadamente 600, incluyendo algunos normalistas (estudiantes para maestro). 19. El grupo de campesinos proveniente del este (Puerto Rico y Riberalta) se dirigió hacia Cobija la noche del 10 de septiembre en varios vehículos y a pie. Entre los campesinos, había hombres, mujeres, mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad, cuya presencia, según los campesinos, no suele ser extraña cuando acuden a estos ampliados. Según información testimonial obtenida, unos pocos de ellos habrían llevado palos y armas que utilizan para la caza. 20. Según alegaciones de partidarios de la prefectura, los campesinos se habrían dirigido a Cobija no con la intención de participar en el ampliado, sino para retomar las oficinas del INRA, ocupar la prefectura y pedir la renuncia del entonces Prefecto Leopoldo Fernández. Según personas cercanas a la prefectura, para impedir que los campesinos llegasen a Cobija, se habría instruido desde la prefectura la excavación de dos zanjas en las carreteras por las cuales transitarían los campesinos, limitando la libertad de circulación de los mismos. Entre la noche del 10 y las primeras horas del 11 de septiembre, el Servicio Departamental de Caminos de Pando (SEDCAM, dependiente de la prefectura) cavó las dos zanjas profundas, una a la altura de Tres Barracas (a 5 km de El Porvenir, carretera a Puerto Rico) y la otra en Cachuelita (a 8 km de El Porvenir, carretera a Filadelfia). 21. Alrededor de las 2:00 a.m. del 11 de septiembre, el grupo de campesinos que venía de Puerto Rico se topó con la zanja de Tres Barracas. Del otro lado de la zanja (hacia El Porvenir) se encontraba un grupo de funcionarios de la prefectura, del SEDCAM, miembros del Comité Cívico y partidarios de la prefectura (5) (alrededor de 200, según los campesinos; 50, según los partidarios de la prefectura). Cerca a las 2:30 a.m., los dos grupos dialogaron y se insultaron. En ese momento los partidarios de la prefectura habrían lanzado petardos contra los campesinos. La situación se calmó mientras se esperaba que amanezca. 22. Aproximadamente a las 6:00 a.m. se reanudaron las discusiones, que terminaron nuevamente en insultos y en ataques con petardos contra los campesinos. Según estos últimos, el número de partidarios a la prefectura aumentó a más de 200 durante la noche. Se habría evidenciado que algunos de estos últimos portaban armas de fuego. 23. Hacia las 6:30 a.m., supuestamente por miedo a que la violencia recrudeciera, los campesinos habrían decidido retroceder en dirección a Puerto Rico. Según ellos, aproximadamente 200 partidarios de la prefectura cruzaron la zanja y los persiguieron. Según los partidarios de la prefectura, sólo 50 de ellos siguieron a los campesinos para "asegurarse de que no regresarían". Según la información recabada, para repeler y dispersar a los campesinos, los partidarios de la prefectura habrían utilizado gases lacrimógenos, petardos y tiros al aire. 24. Cerca de las 7:00 a.m., a unos 4 km de la zanja de Tres Barracas, en dirección a Puerto Rico, tras los continuos insultos y agresiones por parte de los partidarios de la prefectura, los campesinos (más numerosos) habrían decidido enfrentarlos. Los campesinos lograron regresar a la zanja haciendo huir a los partidarios de la prefectura por la carretera hacia El Porvenir, mientras que otros escaparon por el monte. No todos los partidarios de la prefectura lograron huir en ese momento, entre ellos, por lo menos seis personas que habrían sido retenidas, golpeadas, atadas de manos y obligadas a subir a un vehículo por los campesinos. 25. Según testimonios, los partidarios de la prefectura que intentaron escapar hacia El Porvenir se encontraron en el camino con el grupo de campesinos procedentes de Filadelfia, algunos funcionarios de su alcaldía y normalistas. Estas personas se desplazaron en vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfía. Según alegaciones y testimonios, algunos de estos campesinos y funcionarios de la Alcaldía de Filadelfía habrían llevado armas. 26. Los campesinos de Filadelfia habrían sido llamados para auxiliar a sus compañeros del este del departamento. Llegaron a la zona de Tres Barracas luego de sortear la zanja de Cachuelita, donde, según testimonios de los campesinos, ya habían tenido un incidente con funcionarios de la prefectura que les habrían disparado desde una camioneta cuando rellenaban la zanja. 27. Cuando los campesinos de Filadelfia llegaron a Tres Barracas, los partidarios de la prefectura habrían quedado flanqueados por ese grupo y por el grupo de campesinos con el que inicialmente se habían confrontado en el lugar. 28. En estas circunstancias, el señor Pedro Oshiro -funcionario de la Prefectura de Pando- fue una de las primeras víctimas fatales de los incidentes del 11 de septiembre. 29. Hay diferentes versiones sobre las circunstancias de la muerte del señor Oshiro. Según los campesinos, una vez que decidieron enfrentar a los partidarios de la prefectura y seguir su marcha hacia El Porvenir, alrededor de las 8:30 a.m. (6), habrían visto sobre la carretera el cuerpo de un hombre muerto, a unos 400 metros pasando la zanja. Sostienen que, en medio de todo el desorden, el señor Oshiro murió a raíz de un choque entre una camioneta que él conducía y una volqueta de la Prefectura de Pando. 30. Según otra versión, varios de los partidarios de la prefectura que se quedaron en la zona de la zanja fueron sorprendidos, perseguidos y algunos golpeados por los campesinos. El señor Oshiro y otros dos individuos habrían intentado escapar en una camioneta en dirección a El Porvenir, la cual habría chocado contra otra que estaba estacionada sobre la carretera. Luego, debido a disparos supuestamente atribuibles a los campesinos, el conductor y los pasajeros bajaron del vehículo para huir. Dos personas del grupo de los campesinos, que según esta versión estaban armadas, habrían atrapado al conductor y al señor Oshiro, mientras que el tercer ocupante habría logrado escapar. Se habrían unido cuatro personas más, dos de ellas con machetes, momento en el cual, una de estas seis habría disparado al señor Oshiro desde una distancia muy corta, impactando en su cabeza; éste habría caído muerto con un orificio de proyectil en el lado izquierdo de la cara. 31. Según uno de los fiscales que participó en la investigación y según el informe forense, el ingeniero Oshiro murió por un disparo en la cabeza cuando se encontraba en la carretera que conecta Puerto Rico-Tres Barracas-El Porvenir, a unos 400 metros de la zanja. 32. En los incidentes de Tres Barracas se dieron actos de agresiones mutuas entre campesinos y partidarios de la prefectura, que dejaron como resultado la muerte de un funcionario prefectural y la retención ilegal de seis partidarios de la prefectura que habrían sido objeto de malos tratos. Se dieron también varios atropellos contra los campesinos, así como restricciones a la libertad de circulación y al derecho de reunión. 33. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de todos los actores estatales y no estatales, incluyendo funcionarios y partidarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando, así como campesinos y personal de la Alcaldía de Filadelfia que pudieran estar relacionados con violaciones a los derechos a la vida, integridad física, libertad individual, libertad de circulación y libertad de reunión ocurridos en Tres Barracas. A.3. La masacre de El Porvenir 34. De acuerdo a información obtenida, luego de los primeros hechos ocurridos en la zona de Tres Barracas, vecinos de El Porvenir y partidarios de la prefectura se fueron reuniendo alrededor de una rotonda y en inmediaciones de uno de los extremos de la cancha de El Porvenir, engrosando a un primer grupo que estuvo en vigilia desde la noche anterior. Aparentemente, más gente decidió unirse a la vigilia como consecuencia de la inminente llegada de los campesinos y los rumores sobre la muerte del señor Oshiro y la retención de algunas personas por parte de los campesinos. 35. Según testigos, una vez que los campesinos llegaron a El Porvenir, y mientras la Policía entablaba conversaciones con ambos sectores con la intención de disuadirlos de posibles enfrentamientos, habrían llegado desde Cobija volquetas de la prefectura con varias decenas de personas armadas y una camioneta, también de la prefectura, con armas, varias de ellas nuevas. Asimismo, algunos partidarios de la prefectura habrían rodeado a los campesinos, avanzando por una de las calles laterales y por detrás de donde se encontraban aquéllos. 36. Ante la insistencia de los partidarios de la prefectura de verificar si en los vehículos de los campesinos se encontraban armas y/o algunas personas retenidas en Tres Barracas, personal policial, entre ellos, el entonces Comandante Departamental y una Suboficial de El Porvenir, verificaron si esta denuncia era cierta. La primera persona retenida que fue liberada indicó que había otras en los vehículos de los campesinos. Esto habría provocado que la Policía verificara nuevamente los vehículos, lo que habría derivado en la liberación de otros cinco individuos. 37. Según alegaciones de los partidarios de la prefectura que estaban cerca de la rotonda, estos habrían solicitado en varias oportunidades intervención policial para desarmar a los campesinos. Los campesinos, por su parte, se habrían sentido engañados por la Policía puesto que, según indicaron, el Comandante Departamental les habría prometido que iban a poder pasar a Cobija, pero que tenían que esperar. Esta espera fue interpretada por los campesinos como una forma de entretenerlos mientras los partidarios de la prefectura se organizaban y los rodeaban para atacarlos. 38. Versiones coincidentes señalan que, después de ser liberado el último retenido, comenzaron los disparos, aparentemente por parte de los partidarios de la prefectura desde la calle lateral derecha donde estaban situados los campesinos. Algunos testimonios también coincidentes señalan que, momentos antes de que comenzaran los disparos, la Suboficial de Policía de El Porvenir habría hecho una señal hacia uno de los lugares donde se encontraban los partidarios de la prefectura. Inmediatamente, aquellos habrían empezado a disparar. 39. Según la información e imágenes obtenidas, los disparos masivos de los partidarios de la prefectura provocaron la dispersión de los campesinos en una precipitada huida para salvar sus vidas frente a un ataque indiscriminado con armas automáticas, rifles, escopetas, revólveres y petardos. Algunos escaparon hacia el río Tahuamanu y otros intentaron esconderse en viviendas y locales comerciales. Contra quienes cruzaron o intentaron cruzar el río a nado, se disparó indiscriminadamente. La Oficina fue informada de que algo más de 60 personas (campesinos, normalistas, mujeres e, incluso, bebés) habrían sido rescatadas del río en un bote y trasladadas a una comunidad más alejada de El Porvenir. Algunos de los campesinos también habrían trepado a los árboles buscando resguardo, pero habrían sido atacados por los partidarios de la prefectura que les dispararon. 40. Además, algunos líderes campesinos habrían sido perseguidos individualmente y ejecutados. Es en estas circunstancias que habrían sido asesinados, entre otros, el señor Bernardino Racua Cordero (7), que habría fallecido a una cuadra del Puente Cocama (El Porvenir) horas después de la balacera por un impacto de bala en el corazón y el señor Diter Tupa Maty (8), quien fue encontrado muerto en el baño de la casa donde se resguardaba. Según el informe forense, la causa de la muerte de este último fue por trauma cráneo facial producido por arma de fuego. También, según el informe forense, el señor Celedonio Vazualdo García, quien era un destacado dirigente campesino y fungía como presidente de la organización territorial de base en la comunidad Soberanía del municipio de Filadelfia, habría sido asesinado cerca del puente de Cocama por dos impactos de arma de fuego. También otras víctimas habrían sido maltratadas y golpeadas antes de ser ejecutadas. Según los informes forenses, estas personas serían el señor Félix Roca Torrez, campesino de base de la comunidad Londres (municipio de Filadelfia), y el señor Alfonso Cruz Quispe, normalista de Filadelfia. 41. Asimismo, en el material audiovisual revisado se escuchan expresiones de tinte racista contra los campesinos, como "vamos, maten a esos collas de mierda". Igualmente, se advierte que los partidarios de la prefectura dispararon, quemaron y destruyeron seis vehículos de los campesinos y de la Alcaldía de Filadelfia. 42. La Oficina observa la desproporcionalidad de fuerza que se utilizó para agredir a los campesinos en un ataque frontal. 43. La violencia contra los campesinos se habría extendido hasta el hospital Roberto Galindo de Cobija, donde, según testimonios coincidentes, grupos numerosos de partidarios de la prefectura habrían intentado obstaculizar el ingreso de las víctimas y las habrían amedrentado física y verbalmente, al punto de hacerlas huir sin recibir la atención requerida. El personal médico y paramédico se habría visto, en gran medida, presionado por los partidarios de la prefectura para no brindar el auxilio requerido por los campesinos. 44. Otros campesinos, entre ellos 15 (13 hombres y 2 mujeres) que se habían refugiado en una vivienda, fueron sustraídos del lugar a la fuerza, arbitrariamente aprendidos, severamente golpeados, retenidos y, luego, trasladados a la sede del Comité Cívico de Pando en Cobija donde también habrían sido brutalmente maltratados. Estos actos podrían ser considerados como tortura, ya que el dolor físico y mental y el sufrimiento habrían sido causados intencionalmente sea para obtener una confesión, con el propósito de intimidación, para coaccionar o bien con el objetivo de discriminar racialmente. Estos actos se habrían cometido por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de funcionarios públicos del SEDCAM y de la Prefectura de Pando. 45. Algunos medios de comunicación estaban presentes en la zona principal de los disturbios en El Porvenir. Según testimonios recibidos, a los periodistas de uno de los medios de comunicación se les habría dado instrucciones de no filmar a los partidarios de la prefectura que disparaban. Otros, empero, habrían filmado todos los hechos, incluyendo los actos deliberados de malos tratos infligidos a los campesinos. 46. Así también se ha informado que varios campesinos fueron obligados por partidarios de la prefectura a "confesar" ante las cámaras que habían sido mandados por autoridades o personalidades vinculadas con el Gobierno. La forma de obligarlos a confesar fue, según testimonios, con malos tratos, incluyendo disparos a las piernas o amenazas de disparos. Esas escenas de violencia, de manera intencional, no habrían sido registradas por algunos periodistas que fueron testigos de esos procedimientos. Sin embargo, las "confesiones" fueron registradas. De comprobarse, la extracción violenta de estas confesiones constituye un acto de tortura. 47. Hasta el momento y según el Ministerio Público, los incidentes de El Porvenir y sus alrededores cobraron la vida de al menos once personas (seis campesinos y tres normalistas: 1. Bernardino Racua Cordero, 2. Diter Tupa Maty, 3. Celedonio Basualdo García, 4. Félix Roca Torrez, 5. Wilson Richard Mejia Miahata, 6. Arnoldo Gonzales Inuma, 7. Wilson Castillo Quispe, 8. Alfonso Cruz Quispe y 9. Jhonny Cari Sarzuri; y dos partidarios de la prefectura: 10. Pedro Oshiro y 11. Alfredo Robles Céspedes) y produjeron aproximadamente 50 heridos, en su mayoría campesinos, de los cuales varios heridos por arma de fuego. 48. Frente a los hechos acaecidos en El Porvenir y en el río Tahuamanu, la Oficina considera que la masacre (9) de los campesinos y normalistas constituye una grave violación a los derechos humanos que habría sido cometida por funcionarios de la prefectura, funcionarios del SEDCAM miembros del Comité Cívico y otros partidarios de la Prefectura de Pando. 49. La justicia boliviana deberá esclarecer, respetando el debido proceso, el grado de responsabilidad, por acción u omisión, del ex prefecto del departamento de Pando y de los funcionarios de la prefectura y del SEDCAM, miembros del Comité Cívico de Pando y otros partidarios de la prefectura que habrían tenido diferentes tipos de participación en la planificación, coordinación, ejecución y desenlace de estos graves sucesos de la masacre de El Porvenir. 50. Corresponde a la justicia boliviana investigar y establecer la responsabilidad de estos mismos actores ante la ocurrencia de varios hechos ilícitos que también deben ser calificados y sancionados penalmente, inter alia, la privación ilegítima de libertad, los tratos crueles y posibles actos de tortura infligidos a varios campesinos, entre ellos, los 15 que luego fueron retenidos en la sede del Comité Cívico en Cobija; la violencia ejercida contra los campesinos en el hospital de Cobija; los actos de discriminación y racismo, también contra los campesinos, así como la destrucción y quema de sus vehículos. 51. De igual forma, la justicia boliviana deberá investigar y establecer el grado de responsabilidad de actores estatales y no estatales, entre ellos, funcionarios de la Alcaldía de Filadelfia y campesinos, respectivamente, que podrían estar implicados en atropellos que pudieran haber acaecido contra los partidarios de la prefectura. 52. Con relación a las alegaciones de que aproximadamente 13 campesinos muertos habrían sido transportados en una volqueta de la prefectura con destino desconocido, así como el asesinato de niños, esta Oficina no ha recibido información que pueda corroborar estas alegaciones. Sin embargo, dada la seriedad de las mismas, la Oficina recomienda a las autoridades del sistema de justicia boliviano que sean investigadas. B. El papel desempeñado por los órganos de seguridad 53. Según información obtenida por la Oficina, el Comando Departamental de la Policía en Pando habría tenido conocimiento del arribo de campesinos con días de antelación al 11 de septiembre. La noche del 10 de septiembre, según la información recabada, el Comando Departamental habría estado informado de la excavación de las zanjas en Tres Barracas y Cachuelita y de la organización de vigilias en El Porvenir. Asimismo, habría recibido la solicitud de los partidarios de la prefectura de verificar si los campesinos estaban armados. 54. En la mañana del 11 de septiembre, alrededor de las 6:00 a.m., la Policía de Cobija se habría trasladado a El Porvenir y a Tres Barracas para inspeccionar la situación y dialogar con los partidarios de la prefectura. Luego habría retornado a Cobija desde donde continuó monitoreando la situación. 55. Por su parte, alrededor de las 8:00 a.m., la Policía de El Porvenir habría intentado llegar hasta Tres Barracas para intervenir, luego de informarse sobre enfrentamientos entre los campesinos y los partidarios de la prefectura. Según testigos, la Policía de El Porvenir sólo habría llegado hasta unos 500 metros de los enfrentamientos y habría regresado a El Porvenir contactando al Comando Departamental de la Policía en Cobija y solicitando refuerzos. Los refuerzos (un contingente de 60 a 80 policías), sólo habrían llegado a El Porvenir alrededor de las 10:00 a.m. por falta de vehículos. 56. Una vez en El Porvenir, para evitar el encuentro entre ambos bandos, el contingente de policías se ubicó en medio de los dos grupos. Durante aproximadamente dos horas, la actitud de la Policía fue de diálogo y disuasión hacia los campesinos y los partidarios de la prefectura, incluida las gestiones llevadas a cabo por agentes policiales para la liberación de los retenidos. Conforme a testimonios de ambos grupos, en ningún momento la Policía trató de desarmar a las personas que portaban armas antes de que la violencia escalara. La misma Policía habría comunicado a ambos grupos, antes de que se iniciara el ataque, que no contaba con los recursos para tomar control de la situación. Cuando comenzaron los disparos masivos por parte de los partidarios de la prefectura, los policías se replegaron luego de que uno de ellos resultara herido. Según testimonios y material audiovisual, varios campesinos buscaron refugio al lado de los policías sin haber recibido la debida protección de parte de ellos. 57. Según testimonios, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue informado la noche del 10 de septiembre sobre la posibilidad de tensiones entre grupos de campesinos y partidarios de la prefectura. También se obtuvo información sobre la realización de una reunión de emergencia (10) en las oficinas del Comando Conjunto de las FFAA en Cobija, en la mañana del 11 de septiembre, en la cual se solicitó el desplazamiento de efectivos militares a El Porvenir. No hubo intervención de las FFAA. B.1. Consideraciones sobre la responsabilidad de la Policía 58. Al margen de la investigación penal para el esclarecimiento de los hechos, se llama la atención sobre la necesidad de considerar aspectos relacionados con el papel que desempeñaron los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (11). Cabe recordar que el deber del Estado, a través de estos funcionarios, no sólo consiste en respetar los derechos humanos, sino en protegerlos y garantizarlos contra vulneraciones provenientes de actores estatales y no estatales. 59. Según los testimonios recogidos e informes de la Policía Nacional sobre el desempeño de esta última, la Oficina se pregunta si las medidas de preparación, adoptadas ante el previo conocimiento del potencial de violencia que se perfilaba, fueron las más adecuadas. Asimismo, se debería considerar si la Policía no debió haber recurrido a otros medios disuasivos legítimos más efectivos para prevenir el fatal desenlace y, para cumplir con su mandato constitucional de defender a la sociedad, conservar el orden público y preservar los derechos humanos. La función de brindar protección a todas las personas contra actos ilegales es un deber fundamental de la Policía. 60. En este orden de ideas, la responsabilidad estatal por incumplimiento de la obligación de protección de los derechos humanos (responsabilidad por omisión o por falta de diligencia debida) deberá discernirse mediante el análisis de las conductas asumidas por las autoridades policiales que tenían deberes de garantes frente a la población. En tal sentido, resulta relevante que exista una investigación administrativa y disciplinaria que ahonde respecto a las responsabilidades policiales dentro de la cadena de mando. C. Obligaciones del Estado Boliviano en el marco del Estado de Sitio a la luz del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) 61. Luego de sucedidos los hechos del 11 de septiembre, el Gobierno aprobó el 12 de septiembre el Decreto Supremo 29705 (DS 29705) mediante el cual declaró estado de sitio únicamente en el departamento de Pando. Conforme a ese decreto, la medida de excepción se adoptó al amparo de los Art. 111 y 112 de la Constitución Política del Estado (CPE) (12). 62. Sin perjuicio del justificativo y sustento normativo nacional, esta Oficina considera necesario analizar el cumplimiento de algunas de las obligaciones estatales en relación con el estado de sitio desde la perspectiva del DIDH, concretamente en relación con los Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 27 de las Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Conforme a estos artículos, el Estado que adopta esta medida de excepción debe informar inmediatamente a los demás Estados parte, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), respectivamente, sobre las disposiciones convencionales cuya aplicación fueron suspendidas y los motivos que suscitaron tal suspensión. 63. El 13 de septiembre, la Oficina dirigió una nota al Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos sobre las condiciones de la aplicación del estado de sitio en el DIDH. El 22 de septiembre, el Canciller, además de exponer ante la Oficina los motivos que llevaron al Gobierno a declarar el estado de sitio, adjuntó las comunicaciones que fueron dirigidas, respectivamente, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OEA, el 16 de septiembre. 64. Otra de las obligaciones, conforme a estos artículos, es la de no suspender determinados derechos humanos reconocidos en ambos pactos (derechos inderogables). De acuerdo al DS 29705, el Gobierno suspendió o restringió, fundamentalmente, las libertades de circulación y reunión, y también los derechos a la huelga y a la protesta pública, todos estos permitidos de ser suspendidos en un estado de sitio conforme al DIDH. En la práctica, el Gobierno también limitó otros derechos que, de acuerdo al DIDH, son susceptibles de suspensión en un estado de sitio. No obstante, como se da cuenta en los siguientes acápites, se habrían cometido algunos excesos, respecto a la libertad e integridad personal por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y respecto a algunas garantías procesales. 65. De forma general, la Oficina considera que el estado de sitio declarado en Pando estuvo conforme con las obligaciones del Estado según el Derecho Internacional. Esto es así, con relación a las disposiciones que establecen que las medidas de suspensión no deben ser incompatibles con las demás obligaciones que impone el derecho internacional y que tampoco deben entrañar discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Esta medida también contribuyó a mejorar las condiciones de seguridad en Pando. 66. El 23 de noviembre el Gobierno levantó el estado de sitio. El Ministerio Público decidió imputar penalmente en relación con los incidentes de Pando a 19 personas. 67. Como medidas positivas, debe resaltarse que el 24 de septiembre el Gobierno aprobó un decreto destinado a proveer asistencia médica y social a quienes resultaron heridos en Pando, así como asistencia financiera a los familiares de las víctimas fatales de esos incidentes. Hasta principios de febrero de 2009, los familiares de la mayoría de los fallecidos en los incidentes de Pando han recibido de parte del Ministerio de Justicia un cheque por Bs. 50.000 como parte de la ayuda humanitaria brindada por el Gobierno. Una importante cantidad de alimentos, así como ayuda médica fue también proporcionada por el Gobierno a las comunidades indígenas y campesinas afectadas. D. Situación de seguridad y protección de testigos D.1. Situación de seguridad D.1.1. Situación de las víctimas campesinas y sus familiares 68. En las entrevistas realizadas por la Oficina durante sus misiones en el departamento de Pando, así como a través de reuniones con algunas ONG que brindan apoyo a campesinos, se pudo advertir una profunda sensación de inseguridad en las víctimas y sus familiares. De especial preocupación, por la ausencia institucional, militar y policial, fue la situación de los campesinos que viven en comunidades alejadas de las provincias Manuripi, Federico Román y Madre de Dios, entre otras. 69. Según los testimonios recibidos, la persecución, amenazas e, incluso, agresiones físicas, especialmente contra dirigentes de comunidades campesinas de parte de los partidarios de la prefectura, habrían continuado después del 11 de septiembre. La persecución se habría extendido contra los campesinos que encontraron resguardo en el monte después de los incidentes de El Porvenir. Algunos de los campesinos no habrían podido retornar a sus hogares hasta después de varios días. Se tuvo, además, conocimiento de que un número de dirigentes fue evacuado a La Paz y que otros huyeron de Pando por temor a que su seguridad y la de sus familiares fueran afectadas. Todavía persiste cierto temor en algunos sectores afectados. 70. Si bien el estado de sitio contuvo casi totalmente la violencia en Pando, la seguridad de los dirigentes campesinos y la de sus familias no habría sido plenamente garantizada. Según información recibida, en un principio, más de un centenar de personas no había retornado a sus hogares o comunidades campesinas por razones de seguridad. Paulatinamente, la mayoría de estas personas habría regresado a sus comunidades. 71. Por otro lado, después de los incidentes ocurridos en el hospital Roberto Galindo de Cobija, una necesidad expresada por algunas víctimas fue la de recibir visitas médicas en sus lugares de residencia ya que temían desplazarse a los centros urbanos por miedo a ser agredidas. Un buen número solicitó asistencia psicológica para ellas y sus niños, y, en algunos casos, asesoramiento jurídico. Los niños observados durante las visitas a comunidades campesinas y a El Porvenir evidenciaban manifiesto temor y trauma. 72. La presencia del Estado con ayuda humanitaria y médica contribuyó a aliviar esta situación y facilitó el proceso de retorno a la normalidad de las comunidades afectadas, aunque persistía el temor de que con el levantamiento del estado de sitio se tomaran represalias contra quienes fueron testigos o víctimas de los hechos. Por esta razón, muchas de las víctimas no quisieron declarar ante el Ministerio Público u otras comisiones de investigación. D.1.2 Situación de las 15 personas que fueron aprehendidas por civiles y retenidas en el Comité Cívico de Pando el 11 de septiembre 73. Con relación a las 15 personas (en su mayoría campesinos) que habrían sido aprehendidas por partidarios de la prefectura en El Porvenir y trasladadas al Comité Cívico de Pando en Cobija, para luego ser conducidas a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen) donde prestaron su declaración ante fiscal y, finalmente, fueron presentadas ante un juez que determinó su detención preventiva en el penal de Villa Busch, la Oficina considera necesario llamar la atención sobre lo siguiente. 74. Según argumentó la Fiscalía de Distrito de Pando a la Oficina, con el objetivo de preservar la integridad de estas personas en los momentos inmediatos en que fueron presentadas a la Fiscalía, se decidió abrirles una investigación penal por homicidio y lesiones, y así ponerlas bajo custodia policial para protegerlas. Si bien el 17 de septiembre las 15 personas salieron en libertad, en aplicación de una medida cautelar sustitutiva, preocupa a la Oficina, por un lado, la ilegalidad de su aprehensión por los partidarios de la prefectura, los maltratos infligidos, las ofensas verbales, los posibles actos de tortura ejercidos contra ellas, su retención en el Comité Cívico de Pando y el hecho de que estos actos no hubieren sido inmediatamente investigados por la Fiscalía de Distrito. Por otro lado, preocupa que la investigación penal en contra suyo continúe en curso, siendo que la misma fue abierta, según el fiscal, con el único propósito de "proteger" a estas personas de una turba enardecida. D.1.3 Situación de las personas que se trasladaron a localidades brasileras después de los incidentes del 11 de septiembre 75. Según información recibida por la Oficina, unos 593 bolivianos, sobre todo, partidarios de la prefectura y sus familiares huyeron a las localidades brasileras fronterizas con Bolivia, poco después del 11 de septiembre. Un grupo de instituciones estatales del Brasil (Gobierno de Acre, Policía Federal y bomberos) les ha brindado ayuda humanitaria desde su arribo. 76. La Oficina se entrevistó con varias personas que se trasladaron a las localidades fronterizas del Brasil que, en ese momento, vivían con sus familiares en un albergue temporal en Brasilea. Algunas manifestaron temor de regresar a Pando luego de que expirara la autorización de 90 días para permanecer en Brasil (13); otras expresaron ansiedad por la seguridad de sus familiares que se quedaron en Pando. Algunas personas también transmitieron preocupación de ser procesadas sin las debidas garantías, aunque algunas dijeron que declararían ante el Ministerio Público si se les garantizaba el debido proceso. 77. Entre los entrevistados, la Oficina recogió testimonios de algunas de las personas que habrían sido retenidas y golpeadas por los campesinos en la zona de Tres Barracas y liberadas más tarde en El Porvenir. En su mayoría, esas personas no formularon denuncias ante las autoridades competentes, bien porque dejaron inmediatamente Pando, bien porque temían por su seguridad. D.2 Protección de testigos 78. A partir de las entrevistas realizadas a testigos, sean estos campesinos o partidarios de la prefectura, la Oficina evidenció cierto temor en varios de ellos para detallar o dar los nombres de quienes habrían participado en los incidentes. Asimismo, testigos residentes en El Porvenir, que no se identificaron con ninguno de los dos grupos, se mostraron reacios a dar declaraciones por miedo a represalias y a que se materializaran las amenazas que habrían recibido de partidarios de la prefectura. 79. Inclusive la Fiscalía de Distrito de Pando y la comisión de fiscales de La Paz confirmaron la dificultad de recibir todos los testimonios por falta de un programa de protección de testigos. Resaltaron el impedimento que tienen para recibir declaraciones anónimas que carecerían de valor legal dentro de las investigaciones y el juicio. 80. En este marco, la Oficina hizo llegar a la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados lineamientos generales sobre los mecanismos de protección a testigos, y está elaborando una propuesta detallada para un marco jurídico integral en esta temática. E. La situación de los confinados 81. En el marco del estado de sitio, 40 (14) personas fueron arrestadas en Pando y confinadas a La Paz. De éstas, 36 estuvieron recluidas en el Regimiento Bolívar, 1° Comando de las Fuerzas Armadas de Viacha (departamento de La Paz). Con el levantamiento del estado de sitio, 17 personas fueron liberadas y trasladas de vuelta a Cobija y las otras 19 imputadas penalmente, en su mayoría, por su presunta participación en la masacre de Pando. E.1. Observaciones en relación con el trato digno y humano a los confinados 82. El 17 de septiembre, la Oficina visitó a varias personas recluidas en Viacha con el objetivo de verificar sus condiciones de detención y restablecer el contacto con sus familiares. El 17 y 28 de octubre se realizaron otras dos visitas. El trato digno y humano a las personas privadas de libertad es una obligación universal y fundamental para el Estado. Este deber está contenido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislación nacional. 83. En las visitas efectuadas, la Oficina recibió alegaciones de parte de algunos de los confinados sobre la forma violenta en que se llevó a cabo su arresto y traslado a La Paz. Asimismo, la Oficina recibió información sobre menoscabo al debido proceso y limitaciones al acceso a la justicia como se detalla más adelante. 84. No obstante, la Oficina observó que, aun custodiados en un recinto militar, los detenidos recibieron trato humano, se les proveyó alimentación y cuidado médico, recibieron la visita del Defensor del Pueblo, y, al final, se les permitió tomar contacto con sus familiares. En suma, sus condiciones de detención estuvieron conforme a estándares internacionales. E.1.1. Violencia durante el arresto y el posterior traslado hacia La Paz 85. El 15 de septiembre, entre las 00:00 y 4 a.m., un primer grupo de 10 personas fue arrestado en sus domicilios por efectivos militares. También en la madrugada de ese día, la Suboficial de Policía Mirtha Sosa fue arrestada en el módulo policial de El Porvenir. Entre el 24 y 25 de septiembre, otras cuatro personas, incluidos dos Consejeros Departamentales de Pando, fueron aprehendidas por agentes militares o civiles (15), en inmediaciones de sus lugares de trabajo o en la vía pública. Todas las personas fueron trasladadas a La Paz el mismo día de su arresto, salvo una que fue arrestada en Filadelfia, que afirma haber permanecido una noche en un recinto militar de Cobija. Otras 22 personas, con quienes la Oficina no se entrevistó, fueron arrestadas en Pando luego del 25 de septiembre y confinadas a La Paz. 86. A partir de las declaraciones obtenidas por la Oficina y de las que los confinados dieron a otras instancias, se alega que se dieron maltratos durante el arresto del primer grupo, en un operativo que se llevó a cabo de noche, en domicilios particulares, sin notificación previa y sin información sobre las razones del arresto y detención. Los militares que participaron en los operativos habrían violentado puertas, disparado en algunos casos al aire fuera de las casas de las personas que iban a ser arrestadas e, incluso, herido a una de ellas con un perdigón que le impactó en el cuello. Varias personas habrían sido pateadas o golpeadas con la culata de las armas, tiradas del cabello, insultadas, amenazadas y, una, encañonada en su cama. 87. También se alegó que hubo cierto grado de amedrentamiento entre los familiares de algunos confinados, quienes, en algunos casos, también habrían sido golpeados y encañonados (16) durante el arresto. Los confinados habrían experimentado gran preocupación al no poder contactarse con sus familiares en los días siguientes a su arresto y señalarles en qué condiciones se encontraban. 88. La violencia relatada durante el arresto corresponde al primer grupo de 11 confinados (17). Según información obtenida, el arresto de los demás se hizo de día, mayoritariamente en sus lugares de trabajo y sin violencia. 89. Desde el arresto hasta su llegada a La Paz, los confinados del primer grupo alegaron haber tenido las manos atadas a la espalda, los ojos vendados y, en algunos casos, mordazas de trapo en la boca. Algunos mostraron las marcas que dejaron en sus muñecas las manillas plásticas con las que fueron fuertemente asegurados. Manifestaron haber llegado al aeropuerto de Cobija alrededor de las 4:00 a.m. y haber permanecido en una pequeña habitación sin ventilación, de aproximadamente 3m x 3m, hasta las 6 p.m., hora en que fueron trasladados a La Paz. 90. Otras de las personas arrestadas señalaron haber permanecido casi todo el día, sin comer ni beber, en una pequeña habitación del aeropuerto, esperando su traslado a La Paz. 91. La mayoría de los detenidos mencionaron haber sufrido maltrato psicológico durante su permanencia en el aeropuerto, tanto por las amenazas vertidas contra ellos como por escuchar a los soldados cargar y descargar sus armas. Algunos habrían sido golpeados y amenazados de muerte durante el viaje de Cobija a La Paz. E.1.2. Las condiciones de detención de los confinados en el regimiento de Viacha 92. Sin ser un lugar oficial de detención, el Regimiento Bolívar cuenta con una infraestructura que garantizó condiciones satisfactorias de detención. Las celdas estaban bien equipadas, el acceso sanitario garantizado y la seguridad fue buena. Además, a nivel de implementos de higiene, asistencia médica, alimentación y espacios de esparcimiento, los confinados estuvieron en las mismas condiciones que los conscriptos. El trato otorgado a los confinados fue, por tanto, acorde a los estándares internacionales en la materia. 93. A partir del 19 de septiembre, los confinados pudieron recibir efectos personales y cartas de sus parientes. Desde el 17 de octubre recibieron visitas y llamadas de sus familiares. E.1.3. Garantías mínimas aplicables al confinamiento y detención administrativa 94. El confinamiento se enmarca dentro de la figura de la detención administrativa, definida como aquella privación de la libertad ordenada por autoridades administrativas competentes (18) por motivos de seguridad del Estado y en ausencia de cargos penales en contra del internado (o confinado, en este caso). 95. Aunque a la luz del DIDH puede, transitoriamente, suspenderse la libertad personal durante un estado de excepción, cualquier suspensión de derechos debe regirse por las condiciones de excepcionalidad establecidas en los Art. 4 PIDCP y 27 CADH, entre otros. 96. El objetivo de este tipo de detención es tener bajo control a las personas que plantean una amenaza real para la seguridad del Estado. Es esencial que las garantías mínimas aplicables a la detención administrativa, contenidas en el PIDCP y la CADH, sean respetadas. 97. El confinamiento debe justificarse en relación con cada individuo, comunicándole, sin demora, las razones que motivaron esta medida a fin de que, entre otras cosas, pueda impugnar la legalidad de su detención. En el presente caso, se alega por parte de los confinados que ninguno de ellos habría sido informado sobre las razones de la detención en el momento de su arresto ni sobre los motivos del confinamiento, lo que les provocó un alto grado de incertidumbre en relación con su situación legal. En tal sentido, la Oficina solicitó a las autoridades competentes transmitir a estas personas la mayor información posible. 98. Asimismo, la detención debe efectuarse ceñida al principio de legalidad. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que "incluso en los casos en que se practique la detención por razones de seguridad pública, ésta debe (...) obedecer a las causas fijadas por la ley y efectuarse con arreglo al procedimiento establecido en la ley". (19) 99. Al respecto, hay muy poca claridad en la CPE con relación a las formalidades que se deben cumplir. El Art. 112 autoriza la suspensión de derechos respecto a las personas sindicadas de tramar contra el orden público. También se refiere a que la autoridad legítima podrá expedir órdenes de comparendo o arresto contra los sindicados, sin especificar cuál es esa "autoridad legítima", aunque es de suponer que no es necesariamente un funcionario judicial ni del Ministerio Público, al tratarse de una detención administrativa. (20) 100. En el presente caso, las FFAA habrían ejecutado las órdenes de arresto y confinamiento, las mismas que, según declaraciones de los confinados entrevistados por la Oficina el 17 de septiembre y el 17 de octubre, no habrían sido exhibidas a ninguno de ellos antes de su traslado a La Paz. Con posterioridad, la Oficina recibió copia legalizada por parte del Ministerio de Defensa Nacional de las órdenes de arresto y de confinamiento en relación con cada uno de los confinados. 101. Por otro lado, la falta de control judicial a la privación de libertad de los confinados condujo a la Oficina a alertar y reclamar, desde un principio, por dicha omisión a los Ministros de Gobierno y Defensa Nacional y a los Viceministros de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil y de Justicia y Derechos Humanos. Exceptuando al señor Leopoldo Fernández, ninguno de los confinados fue puesto a disposición de un juez hasta antes de levantarse el estado de sitio, siendo que el Art. 112 (4) CPE señala que esta obligación debe cumplirse dentro del plazo máximo de 48 horas a partir del arresto. Además, el Tribunal Constitucional en sentencia 439/2000, fundó una línea jurisprudencial según la cual la no expedición de órdenes de arresto y la no remisión de las personas confinadas ante el juez competente, dentro del término indicado, hacen que el arresto, la detención y el confinamiento sean acciones inconstitucionales. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado en varias oportunidades la necesidad de control judicial de la detención, incluso en los casos en que se practique por razones de seguridad pública. (21) 102. Asimismo, la Oficina también recordó a las autoridades que las personas confinadas deberían gozar del pleno ejercicio del derecho/garantía de habeas corpus, que no puede suspenderse durante el estado de sitio por ser una de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos fundamentales (22). En este sentido, aunque el habeas corpus no fue suspendido por las autoridades, algunos de los confinados alegaron haber tenido dificultad para recibir asesoramiento legal de parte de sus abogados de confianza. 103. Según estándares mínimos aplicables, la detención administrativa no puede extenderse más allá de un tiempo razonable y no puede plantearse como un sustituto del proceso penal porque se verían vulnerados los derechos de los detenidos, quienes gozarían de garantías procesales mucho más amplías dentro de un juicio criminal. En el presente caso, el confinamiento de las 36 personas recluidas en el Regimiento Militar de Viacha concluyó el 23 de noviembre con el levantamiento del estado de sitio, 70 días después de su declaratoria. Un día después, 17 de los confinados fueron liberados y trasladados a Cobija y los 19 restantes fueron imputados por el Ministerio Público, en su mayoría, por varios delitos en relación con la investigación de la masacre en Pando. 104. Luego de recusaciones sucesivas a los jueces cautelares, 15 de los 19 imputados decidieron someterse a un proceso abreviado y fueron puestos en libertad provisional. El juez de medidas cautelares dispuso la libertad de los otros 4 imputados. F. Investigaciones sobre los hechos 105. A raíz de los hechos sucedidos en el departamento de Pando, se abrieron varias investigaciones de orden penal, algunas de oficio (23) y otras por querella (24). Una comisión de cinco fiscales de materia de La Paz llegó a Pando el 15 de septiembre para investigar los hechos de violencia ocurridos en ese departamento. Por su parte, la Fiscalía de Distrito de Pando inició investigaciones en varios casos relacionados con los hechos de violencia. 106. Por otro lado, el día 16 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó la Resolución Camaral 54/2008 mediante la cual decidió "constituir una Comisión Especial con facultad de Ministerio Público (...) con el objeto de realizar las investigaciones sobre las muertes ocurridas en el departamento de Pando". Esta resolución fue transmitida al Fiscal General de la República el 17 de septiembre, quien, en la misma fecha, remitió al presidente de la cámara baja "todos los antecedentes del caso para que la H. Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial, asuma a partir de su recepción la responsabilidad absoluta de la investigación". Según información recibida, por instrucción del Fiscal General de la República, la Fiscalía de Distrito de Pando remitió también sus casos a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. 107. El 27 de octubre, la Corte Superior de Justicia del Distrito de Chuquisaca falló en un recurso de habeas corpus interpuesto por el señor Leopoldo Fernández ordenando, entre otras cosas, que el Fiscal General de la República reasuma la dirección funcional de la investigación en el marco de las disposiciones constitucionales y de la Ley 2445. Conforme al artículo 18 de la Constitución, esta decisión fue remitida de oficio para la revisión del Tribunal Constitucional. (25) 108. La Oficina considera que corresponde a las autoridades competentes bolivianas establecer si el procedimiento judicial que se deberá seguir para el eventual procesamiento penal del ex Prefecto Leopoldo Fernández, como principal imputado de los hechos acaecidos en Pando, se tramita en el marco de un juicio de responsabilidades (Ley 2445) o de un juicio ordinario (Ley 1970). Desde el 17 de septiembre, la investigación criminal es dirigida por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, como Ministerio Público. A la Oficina le preocupa que la incertidumbre en torno al procedimiento que será aplicado en el proceso judicial subsiguiente provoque fallas en el debido proceso y que esto conduzca a la impunidad. 109. Asimismo, es importante mencionar que la Oficina del Defensor del Pueblo y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) realizaron sus investigaciones e hicieron públicas sus conclusiones el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, respectivamente. (26) Ambas instancias concluyeron en que funcionarios y seguidores de la Prefectura de Pando cometieron una masacre que calificaron como crimen de lesa humanidad. Se espera que estos informes contribuyan no sólo al esclarecimiento de los hechos, sino al trabajo del Ministerio Público. II. Recomendaciones 110. Las recomendaciones que se formulan a continuación pretenden contribuir a que se lleve a cabo un proceso de justicia, conocimiento de la verdad, sanción de todos los responsables y reparación a las víctimas. Esta actuación debe enmarcarse dentro del debido proceso, el férreo cumplimiento de la legalidad, así como en el marco de la lucha contra la impunidad. Además, se debe adecuar a las obligaciones del Estado según el Derecho Internacional. 111. La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomienda: 1) El esclarecimiento de la masacre y las graves violaciones a los derechos humanos del 11 de septiembre de 2008, acaecidos en El Porvenir y sus alrededores, a través de un proceso penal serio e imparcial, que se inscriba en el debido proceso y sin dilaciones indebidas. La investigación y procesamiento deben llevar a la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de todos los hechos ilícitos cometidos. 2) Asimismo, recomienda que se investiguen y esclarezcan otros hechos de violencia ocurridos en el departamento de Pando entre el 11 y el 14 de septiembre, incluyendo el incidente de Cachuelita en la madrugada del 11 de septiembre, las muertes durante la operación militar en el aeropuerto de Cobija el 12 de septiembre, y la quema de la Alcaldía de Filadelfia el 14 de septiembre. 3) Asegurar el acceso a la justicia a las víctimas y garantizar que éstas y sus familiares reciban una adecuada y justa reparación. 4) Investigar a nivel administrativo y disciplinario si las acciones tomadas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley el 11 de septiembre en Pando fueron las más adecuadas para evitar la escalada de la violencia, prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a las víctimas. La investigación debe ahondar sobre las responsabilidades respectivas e

La segunda fundación de Bolivia, Eduardo Galeano

Thu, 12 Mar 2009 07:21:37 -0700

La segunda fundación de Bolivia Eduardo Galeano El 22 de enero del año 2002, Evo fue expulsado del Paraíso. O sea: el diputado Morales fue echado del Parlamento. El 22 de enero del año 2006, en ese mismo lugar de pomposo aspecto, Evo Morales fue consagrado presidente de Bolivia. O sea: Bolivia empieza a enterarse de que es un país de mayoría indígena. Cuando la expulsión, un diputado indio era más raro que perro verde. Cuatro años después, son muchos los legisladores que mascan coca, milenaria costumbre que estaba prohibida en el sagrado recinto parlamentario. Mucho antes de la expulsión de Evo, ya los suyos, los indígenas, habían sido expulsados de la nación oficial. No eran hijos de Bolivia: eran no más que su mano de obra. Hasta hace poco más de medio siglo, los indios no podían votar ni caminar por las veredas de las ciudades. Con toda razón, Evo ha dicho, en su primer discurso presidencial, que los indios no fueron invitados, en 1825, a la fundación de Bolivia. Ésa es también la historia de toda América, incluyendo a los Estados Unidos. Nuestras naciones nacieron mentidas. La independencia de los países americanos fue desde el principio usurpada por una muy minoritaria minoría. Todas las primeras Constituciones, sin excepción, dejaron afuera a las mujeres, a los indios, a los negros y a los pobres en general. La elección de Evo Morales es, al menos en este sentido, equivalente a la elección de Michelle Bachelet. Evo y Eva. Por primera vez un indígena presidente en Bolivia, por primera vez una mujer presidente en Chile. Y lo mismo se podría decir del Brasil, donde por primera vez es negro el ministro de Cultura. ¿Acaso no tiene raíces africanas la cultura que ha salvado al Brasil de la tristeza? En estas tierras, enfermas de racismo y de machismo, no faltará quien crea que todo esto es un escándalo. Escandaloso es que no haya ocurrido antes. Cae la máscara, la cara asoma, y la tormenta arrecia. El único lenguaje digno de fe es el nacido de la necesidad de decir. El más grave defecto de Evo consiste en que la gente le cree, porque trasmite autenticidad hasta cuando hablando castellano, que no es su lengua de origen, comete algún errorcito. Lo acusan de ignorancia los doctores que ejercen la maestría de ser ecos de voces ajenas. Los vendedores de promesas lo acusan de demagogia. Lo acusan de caudillismo los que en América impusieron un Dios único, un rey único y una verdad única. Y tiemblan de pánico los asesinos de indios, temerosos de que sus víctimas sean como ellos. Bolivia parecía ser no más que el seudónimo de los que en Bolivia mandaban, y que la exprimían mientras cantaban el himno. Y la humillación de los indios, hecha costumbre, parecía un destino. Pero en los últimos tiempos, meses, años, este país vivía en perpetuo estado de insurrección popular. Ese proceso de continuos alzamientos, que dejó un reguero de muertos, culminó con la guerra del gas, pero venía de antes. Venía de antes y siguió después, hasta la elección de Evo contra viento y marea. Con el gas boliviano se estaba repitiendo una antigua historia de tesoros robados a lo largo de más de cuatro siglos, desde mediados del siglo dieciséis: la plata de Potosí dejó una montaña vacía, el salitre de la costa del Pacífico dejó un mapa sin mar, el estaño de Oruro dejó una multitud de viudas. Eso, y sólo eso, dejaron. Las puebladas de estos últimos años fueron acribilladas a balazos, pero evitaron que el gas se evaporara en manos ajenas, desprivatizaron el agua en Cochabamba y La Paz, voltearon gobiernos gobernados desde afuera, y dijeron no al impuesto al salario y a otros sabias órdenes del Fondo Monetario Internacional. Desde el punto de vista de los medios civilizados de comunicación, esas explosiones de dignidad popular fueron actos de barbarie. Mil veces lo he visto, leído, escuchado: Bolivia es un país incomprensible, ingobernable, intratable, inviable. Los periodistas que lo dicen y lo repiten se equivocan de in: deberían confesar que Bolivia es, para ellos, un país invisible. Nada tiene de raro. Esa ceguera no es solamente una mala costumbre de extranjeros arrogantes. Bolivia nació ciega de sí, porque el racismo echa telarañas en los ojos, y por cierto que no faltan los bolivianos que prefieren verse con los ojos que los desprecian. Pero por algo será que la bandera indígena de los Andes rinde homenaje a la diversidad del mundo. Según la tradición, es una bandera nacida del encuentro del arcoiris hembra con el arcoiris macho. Y este arcoiris de la tierra, que en lengua nativa se llama tejido de la sangre que flamea, tiene más colores que el arcoiris del cielo.

Morales planteará en Viena retirar la coca de lista mundial de venenos

Tue, 10 Mar 2009 13:46:13 -0700

La Paz, 10 mar (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, planteará la desclasificación de la hoja de coca de la lista mundial de venenos en el 52 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, a celebrarse entre miércoles y jueves en Viena, informaron el martes fuentes de la Cancillería en La Paz. Morales, que asiste por primera vez a una sesión de de alto nivel de NNUU sobre estupefacientes, que se verifica cada década, propondrá la activación del mecanismo de desclasificación de la coca, arbusto andino, inocuo en estado natural, del Segmento de Alto Nivel, cuando el miércoles le toque subir a la testera ecuménica. En compañía de una comitiva integrada por dirigentes de los cultivadores de coca del central Chapare y de los Yungas, unos valles en el oeste andino de Bolivia, donde también fructifica la hoja, Morales viajó a la capital austriaca la noche del lunes al martes, también junto al portavoz Iván Canelas. Líderes mundiales y especialistas en la materia asistirán al cónclave de Viena, principal instancia rectora del planeta en materia de estupefacientes. Dirigente de los cultivadores de coca del centro tropical boliviano en la década los ‘80, Morales, primer indígena, étnica y culturalmente, que preside una nación latinoamericana, planteará la activación del mecanismo de desclasificación mediante una solicitud formal al Secretario General de Naciones Unidas. En ocasión de aprobarse una Declaración Política y un Plan de Acción para el próximo decenio sobre la problemática mundial de drogas, La Paz emplazará una propuesta para retirar la hoja de coca de la Lista Uno de sustancias controladas, adjunta a la Convención Unica de 1961. También pujará por introducir un sistema de control del cultivo de coca más justo y eficaz en Bolivia, según una cartilla de la cancillería boliviana. Morales llegaba este martes a la capital austriaca, sede de reuniones preparatorias que se extenderán, incluso hasta el miércoles. para la aprobación de documentos. Las propuestas recogidas en la Conferencia de NNUU, serán debatidas en el 52 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes, entre el 16 y 20 de marzo, en cuatro mesas de discusión y acuerdo. La primera de ellas discutirá las nuevas tendencias del problema mundial de drogas y, la segunda, el Fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial, bajo el rótulo de "responsabilidad compartida". La tercera mesa versará sobre la reducción de la demanda y, la cuarta, acerca de la lucha contra el tráfico y la oferta del desarrollo alternativo. Los temas que suscitaron mayor debate en el proceso de negociación de la Declaración Política y el Plan de Acción, han sido la defensa de los principios de respeto de los derechos humanos, responsabilidad compartida y los usos culturales de plantas como la coca, desarrollo integral y la revisión del sistema internacional de fiscalización de drogas. Bolivia, tercer mayor productor mundial de coca en su estado natural, y cuyas propiedades medicinales y proteínicas, además de su fuerte contenido cultural en su población ha defendido en diversos foros internacionales, propone abrir el mercado mundial para productos sanos derivados de la hoja, que estén producidos bajo estricto control gubernamental y en estrecha colaboración con las organizaciones de productores. El consumo (masticación) de la hoja se ha extendido a un segmento significativo de su población de 10 millones de habitantes. El documento de Plan de Acción o Anexo recoge las conclusiones alcanzadas durante las sesiones de Grupos de Trabajo realizados en 2008. RedCentral/cc ABI

Morales expulsa a diplomático de EEUU por conspiración y vínculos con la CIA

Tue, 10 Mar 2009 13:45:10 -0700

La Paz, 9 mar (ABI) - El presidente de Bolivia Evo Morales pidió este lunes la expulsión del mexicano-estadounidense Francisco Martínez, funcionario de la Embajada de Estados Unidos en La Paz, al que acusó de coludirse con la oposición criolla de derechas en un plan de conspiración contra su gobierno entre agosto y setiembre pasados. "Francisco Martínez era el contacto con el grupo de opositores durante todo el proceso de conspiración", argumentó Morales durante el acto de posesión del nuevo comandante de la Policía boliviana, general Víctor Hugo Escóbar, en la casa de gobierno en La Paz. Luego de explicar los contactos de Martínez con los prefectos opositores, "hoy día he decidido declarar persona non grata y pido al canciller (David Choquehuanca) comunicar" la decisión a la oficina de la Secretaría de Estado de Estados Unidos en La Paz, afirmó Morales. Martínez, que deberá abandonar el país andino en un plazo de 48 horas, es el segundo funcionario expulsado de la embajada americana en La Paz, después del embajador Phlilip Golberg, en setiembre último y, también por sostener encuentros con los más fieros opositores de Morales. "Tengo informaciones de cómo este señor se reunió con prefectos opositores", machacó el mandatario boliviano. Martínez, cuyo rostro no ha salido a la luz de los medios de comunicación bolivianos, fue acusado por La Paz de guardar cercanía con Rodrigo Carrasco, un ex policía boliviano formado en centros estadounidenses en inteligencia, seguridad, comunicaciones y política, acusado de infiltrar la estatal del petróleo de Bolivia (YPFB), envuelta en un escándalo de corrupción. En una primera acusación, Morales demandó a la Embajada de Washington en La Paz a explicarle qué hacía y quién era Martínez, después que la encargada de Asuntos Públicos de la legación, Denisse Urs, calificada de infundadas y sin pruebas las denuncias del Presidente boliviano en sentido de que la Central de Inteligencia estadounidense (CIA), había penetrado YPFB y sostenía vínculos con la oposición. La Embajada replicó que pura y llanamente un agente diplomático acreditado por su gobierno en La Paz. Martínez, según Morales, sirvió de enlace entre el bloque de prefectos opositores de los departamentos bolivianos de Santa Cruz, Beni Tarija y Pando y el embajador Golberg. Golberg fue expulsado de Bolivia después que un aficionado lo filmó cuando visitaba la residencia del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas de manera reservada y en horas de la noche. Mortales lo acusó de montar y financiar y golpe cívico prefectural contra Morales. Cc/ ABI

EL CIRCO MEDIÁTICO BOLIVIANO

Thu, 19 Feb 2009 13:35:30 -0800

El interés excesivo y hasta morboso que los medios dedican a los actos de corrupción en YPFB, retrata muy bien la naturaleza de estos. Porque lo que proyectan no sólo es la condena, sino una potestad que asumen de modo exclusivo e ilimitado: la potestad de condenar. Es decir, la proyección nos muestra algo más que la simple proyección, nos muestra la naturaleza del que proyecta. Si en el circo romano se descuartizaban cristianos para el deleite general, ahora el circo de los medios adopta para sí esa potestad; su público precisa de linchamientos y los medios gustosos cumplen las exigencias del cliente. Y en esa lógica caen primero los incautos. Pues no se trata de denunciar para transformar sino exclusivamente de denunciar para condenar. En tal caso no interesa ya la justicia sino la condena, no interesa la corrupción sino el linchamiento. Medios y espectadores se enfilan para el apedreamiento y, con ello, creen poder satisfacer una sed de violencia generalizada. “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. El sermón es sabio porque, aunque reconoce la falta cometida, lo que se cuestiona es la ligereza de la condena. Quien se otorga, para sí, el derecho de condenar, es quien cree poder decidir sobre la vida y la muerte, es quien se cree dios y, como él, se cree omnipotente y omnisciente; habla en nombre de todos, porque quien pretende decidir la vida de todos, rapta la palabra de todos. No se trata sólo de soberbia sino de irresponsabilidad absoluta; sin responsabilidad no hay conciencia moral. Por eso, precisamente, los medios nos privan, en primer lugar, de conciencia moral: sin ella el apedreamiento es inocente. Nadie se siente responsable de algo que fue hecho porque todos lo hicieron. La unanimidad se vuelca contra el sentido común; no hay escapatoria, uno mismo avala la sentencia que lo condena como cómplice. En esa lógica no se salva nadie. Nos condena a todos. Deseando justicia nos hacemos injustos. Porque la sentencia mediática oculta una intención que la corrompe de principio, como es doctrina en el fascismo: no interesa comunicar algo sino lograr un efecto. Esta manipulación es arrogante y quiere hacer de sus sentencias juicios apodícticos. Pero en esta intención cava su propia tumba; pues no hay violencia impune y se cosecha lo que se siembra. Porque el poder nunca es absoluto. Es cuando el poder de la prensa advierte que su poder es ficticio; por eso deriva en impotencia, porque no se trata de una demostración real de fuerza sino de iracunda impotencia. Pues ante esta demostración lo que se colige es: entonces condenemos a todos los corruptos. Pero esto es algo que este poder no puede, por eso la impotencia se ensaña contra un cordero, porque es ineficaz contra los verdaderos lobos. Por eso hacen mutis mientras Chito Valle (autor de los mas grandes desfalcos a la prefectura paceña), amparado en recursos legales, goza de libertad comprada; hace mutis mientras los implicados en la masacre de octubre (los ministros de Goni) recusan constantemente con chicanerías legales el juicio, permitido este abuso en la misma Corte Suprema de Justicia (corrupción mayor, pues la supuesta “casa de la justicia” permite esta burla en sus narices); hacen mutis mientras otro ministro de Goni huye de la justicia, al igual que Ana Melena, instigadora de la matanza del Porvenir, en Pando. Pero ya no hacen mutis cuando se detiene a implicados en la matanza del Porvenir; es más, ahora reclaman iracundamente los “derechos humanos” de los agresores, “derechos” que no existían para las decenas de campesinos masacrados, a la luz del día, y con la complicidad de los medios privados, quienes no sólo documentaban alegremente esa matanza sino hasta conducían los interrogatorios (adiestrados en tanta película gringa). Porque nadie puede osar tocar su circo, menos la justicia, y nadie puede tocar a los operadores de ese circo. Por eso, una intervención a si circo es lo que despierta el encono de los medios; de ahí se explica la saña en contra de un alguien señalado (ya sea Quintana o Ramírez, lo que interesa no es la corrupción sino linchar a todos, sean culpables o no, eso ya no interesa: el linchamiento se justifica por sí mismo; los medios después se lavaran las manos, como Pilatos, de una complicidad general). Por eso es saña no contra este o aquel, es, en realidad, saña contra un gobierno que pretende acabar con el circo mediático (manifestación de la corrupción estructural), contra el proceso y, en definitiva, contra el pueblo boliviano. Ensañándose creen, los medios, lavar su imagen. Porque ellos, y advertir esto no es difícil, viven gracias a la corrupción. No pueden siquiera imaginar acabar con esta. En esa constatación advierten su impotencia: aunque la prensa crea ciegamente luchar contra la corrupción, no puede llevar a cabo esta lucha: no pueden cortarse el financiamiento que hace posible su ejercicio. Por eso: su poder no puede ser ejercido de modo absoluto (pues no pueden denunciar a sus padrinos); así confirman, impotentes, que su poder no es tal: aquello que nunca hicieron, ahora lo realizan del modo más tajante; demostrando la impotencia de la bestia encadenada, que descuartiza a su víctima como quisiera hacerlo con sus cadenas. Por eso su denuncia no nos otorga esperanza sino miedo; porque ese alarde de fuerza es saña que busca siempre víctimas para su espectáculo. Por eso se trata de un circo; donde lo que menos interesa es la verdad y la justicia. La corrupción no se enfrenta corrompiendo a un público ávido de inquina. La corrupción es un componente estructural de una sociedad como la nuestra: desigual, injusta, racista, discriminadora. Es un algo constitutivo que arrastramos como cultura política. Desde que unos cuantos se atribuyen la potestad de decidir por los demás, empieza la corrupción de una sociedad que, naturalizando la desigualdad, perpetúa esa corrupción original. Es algo que pervive incluso en un proceso de liberación. Para ello nos sirve la analogía: cuando sale el pueblo esclavo del Egipto (de la dominación), sale entremezclado con todo aquello que constituía el orden que deja atrás; sale una “mezcla de gentes”, sale con todas sus contradicciones. Por eso no faltan quienes se adhieren al proceso por puro cálculo político, y son quienes lo abandonan cuando aparece la incompatibilidad con sus intereses. Si la inocencia es sorprendida es porque todavía no es actora de un proceso que precisa de su control vigilante. Una liberación no se da como regalo divino. Lo que cuesta es lo que se expresa con la analogía del desierto. El “poder obediencial” es el criterio que inaugura una transformación de la política misma. Algo imposible para un Estado colonial. Por eso la transformación es un proceso; por eso es estructural y es lo que más cuesta, porque no se trata de un cambio ligero sino cambiar nuestra forma de vida. Una enfermedad, como la corrupción, no se enfrenta con calmantes (como los que ofrecen los medios) sino cambiando los hábitos (por eso es un tratamiento que supone una transformación total), cambiando un modo de vida que se sostenía en la injusticia y la desigualdad humana. La dignificación es un acto intersubjetivo de responsabilidad compartida. En la responsabilidad es donde empieza la conciencia moral, la capacidad de ser responsable, de responder, de modo autónomo, por los actos de uno. Pues, aunque parezca paradójico, el corrupto deslinda siempre responsabilidades amparándose en la norma, en la ley; nunca admite responsabilidades, pues para eso existe la manipulación jurídica, para hacer aparecer su acto (injusto) como legal. Por eso se trata, en definitiva, de una transformación de las estructuras que posibilitan la reproducción de la corrupción. El que se ensaña sólo contra el corrupto es aquel que no sabe cómo enfrentar a la corrupción; es fácil acabar con el drogadicto pero lo difícil es acabar con la drogadicción. Las medidas ejemplares son corresponsabilidades. Si hubiera un mínimo de honestidad en los medios y en la derecha, deberían ser los primeros impulsores de la ley anticorrupción. Pero eso es, precisamente, lo que tratan de aplazar siempre enlodando todo. Por eso, su ataque contra los actos de corrupción en YPFB es, más bien, un ataque de envidia: denuncian aquello que ya no lo realizan ellos mismos. Denuncian el asalto de su patrimonio: la herencia colonial que recibieron de sus antepasados. La Paz, febrero de 2009 Rafael Bautista S. Autor de “OCTUBRE: EL LADO OSCURO DE LA LUNA” y “LA MEMORIA OBSTINADA” rafaelcorso@yahoo.com

Manif Ceremonie

Tue, 15 Jul 2008 16:41:38 -0700

Manif d'apui à Lac Barrier "Autochtones Algonquins" Montréal, Québec, CA.

Bolivar & Papineau Rap solidario

Sat, 08 Dec 2007 22:13:37 -0800

Show hip-hop dans le cadre de la clôture de la Caravane Solidaire 2007 http://www.ccdhal.koumbit.org/spip.php?rubrique41

Apoyo a nueva constitucion

Mon, 09 Feb 2009 17:16:31 -0800

Referendum Legitimo

Mon, 09 Feb 2009 17:16:22 -0800